Trump ha ordenado un nuevo censo que excluye a los inmigrantes indocumentados, reavivando una polémica medida de su primer mandato. Esta decisión, que podría afectar la representación estatal en el Congreso y la distribución de fondos federales, enfrenta posibles desafíos legales.
Trump ordena nuevo censo sin inmigrantes indocumentados
Polémica medida que podría enfrentar desafíos legales
El presidente Donald Trump ha anunciado su orden al Departamento de Comercio para iniciar la elaboración de un nuevo censo que excluya a los inmigrantes indocumentados. Esta decisión, comunicada a través de su red social Truth Social, contradice la práctica establecida desde 1790 de incluir a todos los residentes en el conteo, independientemente de su estatus migratorio. La medida genera incertidumbre sobre si se realizará un nuevo censo antes de 2030 o si se modificará el ya programado.
Trump argumenta la necesidad de un censo «altamente preciso» basado en datos electorales recientes, afirmando que los inmigrantes indocumentados «NO SERÁN CONTADOS». Sin embargo, la Constitución de Estados Unidos exige un censo decenal, y la Oficina del Censo declara que este debe contar a todos los residentes. El censo determina la representación estatal en la Cámara de Representantes, la distribución de fondos federales y la asignación de votos electorales. Esta nueva orden de Trump evoca su intento fallido en 2020 de implementar una medida similar, que fue considerada ilegal por jueces de cortes inferiores.
La decisión de Trump podría generar nuevas demandas legales y llegar al Tribunal Supremo, donde cuenta con una mayoría conservadora. Esta acción se produce en medio de esfuerzos de la Casa Blanca para influir en los mapas congresionales de Estados republicanos, una práctica conocida como gerrymandering, que podría verse afectada por la exclusión de inmigrantes indocumentados del censo. Un análisis del Pew Research Center ilustra el impacto potencial de esta exclusión en la distribución de escaños en el Congreso.
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Aunque el censo no pregunta sobre el estatus migratorio, se estima que entre 11 y 13 millones de inmigrantes indocumentados residen en Estados Unidos. La decisión de Trump tiene el potencial de reconfigurar significativamente la representación política y la distribución de recursos en el país, y su impacto legal aún está por verse.
