Un ciudadano anónimo de Manzanillo expone las consecuencias de la decisión de Maribel Santos Urquiza, directora provincial del Banco Popular de Ahorro en Granma . Según su testimonio, la orden de guardar todo el efectivo para el pago de los jubilados deja sin liquidez al resto de la población, provocando colas, desesperación y el incumplimiento del pago salarial a los trabajadores. El denunciante critica que la directiva impulse el pago en línea sin solucionar la falta de acceso a teléfonos móviles ni la negativa de los TCP y MIPYMES a aceptar transferencias.
Un ciudadano anónimo de Manzanillo, Granma, ha contactado a nuestra redacción para denunciar la crisis del efectivo en la provincia, agravada por una presunta decisión arbitraria de la directora provincial del Banco Popular de Ahorro (BPA).
Según su testimonio, Maribel Santos Urquiza (cuyo nombre aparece en medios oficiales como Marisbel Urquia Santos ) habría ordenado retener todo el dinero que ingresa a las sucursales de la provincia para reservarlo exclusivamente para los pagos de los jubilados.
«Su directora provincial arbitrariamente tomó la decisión de que todo el dinero que entra a las sucursales guardarlo para el pago de los jubilados, ya que según ella a la provincia no van a mandar efectivo.»
“Todo es para guardar en la bóveda”
El pasado lunes, la escena en las sucursales del BPA en Manzanillo era desoladora.
«Las sucursales del BPA en Manzanillo amanecieron llenas de personas ávidas de efectivo y cuál fue nuestra sorpresa al salir una funcionaria para informar que no había efectivo. Aun cuando entrara este, no se podía dar a la población pues la indicación era que todo era para guardar en la bóveda para el pago de los jubilados.»
El gobierno provincial y los medios oficiales han celebrado el pago a los adultos mayores como un éxito. Un reportaje del 4 de mayo de 2026 destacó que “los trabajadores de esas entidades laboran para ofrecer un servicio ágil y personalizado a ese grupo etario”, y que la falta de fluido eléctrico no es un limitante para que los jubilados puedan extraer su efectivo . La denuncia ciudadana, en cambio, sugiere que ese servicio se está prestando a costa del resto de la población.
Los trabajadores, condenados a la indigencia digital
La medida de la directora provincial coloca a los trabajadores en activo en una situación desesperada.
«Entonces nosotros los trabajadores nos preguntamos: ¿cuándo podremos cobrar nuestro salario que tenemos hasta tres meses acumulados por no existir efectivo en los bancos?»
La respuesta oficial es la bancarización forzosa. Pero el denunciante expone la inviabilidad de esta solución en el municipio de Manzanillo.
«Nos quieren obligar a realizar pago en línea, opción que los TCP y MIPYMES no quieren aceptar. Eso en el caso del trabajador posea teléfono móvil, porque la mayoría no tenemos esa posibilidad. Aquí en este municipio el celular lejos de ser una necesidad es un lujo, por el bajo poder adquisitivo de los manzanilleros.»
La directora Maribel Santos Urquiza ha declarado públicamente que sus especialistas trazan estrategias para incentivar en el territorio los avances y beneficios de la digitalización . Sin embargo, la denuncia ciudadana demuestra que este discurso choca con una realidad donde el 70% de la población no tiene acceso a un teléfono inteligente y el 90% de los comercios se niega a aceptar transferencias.
Responsabilidad directa
«Nuestra denuncia va directamente a la Directora Provincial nombrada Maribel Santos Urquiza, por tomar decisiones arbitrarias sin pensar en el pueblo trabajador.»
Resumen:
Un ciudadano de Manzanillo denuncia que la directora provincial del BPA en Granma, Maribel Santos Urquiza , ordenó retener todo el efectivo que ingresa a las sucursales para asegurar el pago de los jubilados, dejando sin liquidez al resto de los trabajadores, que acumulan hasta tres meses de salario sin cobrar. Critica el intento de imponer la bancarización en un contexto de alta informalidad y donde la mayoría no tiene teléfono móvil.
Nota final:
La directora del BPA en Granma (Maribel Santos Urquiza) ha sido retratada por la prensa oficial como una ejecutiva ejemplar que “trabaja para cumplir sus metas” y fomentar la digitalización . Sin embargo, su gestión está causando un daño irreparable a los trabajadores de Manzanillo.
La decisión de acaparar el efectivo puede ser eficaz para garantizar la paz social entre los jubilados, pero constituye un abandono de la misión del banco con el resto de sus clientes. Su discurso sobre la bancarización se estrella contra la imposibilidad de comprar un teléfono inteligente con un salario acumulado que no se puede cobrar.
La Contraloría General de la República debe auditar la decisión de la directiva y el Banco Central de Cuba tiene que responder la pregunta que quiere hacer el denunciante de Manzanillo: ¿los bancos en Cuba existen para servir al pueblo o para proteger a los funcionarios del descontento social?
