Empleados del municipio granmense acusan a Maidolis Walter Arias de acumular lujos y organizar costosas fiestas con un salario estatal. Señalan que la funcionaría, colocada “a dedo” y sin el título que requiere el cargo, habría desviado recursos públicos para beneficiar a su esposo a través de un TCP fantasma.
Un clima de temor y decisiones arbitrarias
Según los trabajadores, la directora fue ubicada en el cargo por encima de personal más calificado y sin cumplir los requisitos mínimos del puesto. No poseería el nivel universitario necesario, lo que explicaría el “mal manejo de las decisiones”. Su carácter habría creado un clima de terror laboral, donde los trabajadores temen dirigírsele por sus reacciones agresivas.
“Es muy arrogante y prepotente, maltrata a sus obreros delante de todo el mundo.”
Además, filtran información reservada de los consejos de administración, difamando a las máximas autoridades del territorio. Esto genera un notable desorden institucional y fractura las relaciones de poder en el municipio.
La prosperidad repentina de la funcionaria
La humildad con la que entró habría durado muy poco. Según los denunciantes, hoy su vestimenta no se corresponde con su salario.
“Viste ropas caras compradas en cualquier lugar pagando altas sumas de dinero. Sus hijas presumen en la escuela de vestir a la moda con tenis caros.”
Una de sus hijas asiste al preuniversitario en una bicicleta eléctrica, patrimonio que la directora justifica diciendo que es un regalo de un tío en el extranjero. Sin embargo, los trabajadores afirman que el familiar en cuestión no está bien económicamente y que aún no ha podido enviar remesas a su propia madre, lo que hace improbable tal obsequio. También estaría organizando una fiesta de 15 años de alto costo para otra de sus hijas, y circulan fotos de ella en Holguín «con ropa cara y fiestas en el lugar más caro de Bayamo».
El negocio familiar con el TCP
El enriquecimiento estaría directamente vinculado a la manipulación del presupuesto estatal. El esposo de Maidolis, que “salió de la nada”, es trabajador de un TCP que se dedica a pintar locales de la propia dirección de Vivienda.
“Ella y el esposo son los dueños de ese TCP. Tienen a otro como representante legal.”
La acusación es clara: existe una pantalla legal para que el esposo de la directora sea el beneficiario final de su propio negocio, utilizando a un testaferro para la documentación. La directora le pagaría “millones” por trabajos de pintura a través del contrato con su propio esposo. Este sería el principal mecanismo de desvío de fondos.
“Ella y el esposo todo lo hablan. Paga millones a ese TCP. El jueves será la fiesta de 15 de la hija menor.”
El combustible destinado para las labores operativas también estaría siendo desviado para sofisticar su fiesta o sus asuntos personales, afectando la capacidad de respuesta a la población damnificada.
Doble moral y maltrato intrafamiliar
La denuncia también señala una profunda hipocresía en su vida privada. La directora, que profesa valores públicos, maltrataría a su propia madre.
“Obliga a la mamá a cocinar para ellos porque son ellos los que llevan el dinero a la casa. El marido maltrata a la mamá y ella lo defiende.”
La familia vive como “millonarios encerrados en una burbuja”, presumiblemente aislados de los vecinos para ocultar el lujo que muestran en redes sociales o en los restaurantes caros de Bayamo, y evitar preguntas sobre el origen de su dinero.
Las autoridades de la Contraloría General y la Fiscalía tienen que actuar antes de que este jueves se consume otra ostentosa muestra de despilfarro con la fiesta de 15 años. Hay que investigar la procedencia de los bienes y revisar las facturas de los contratos de pintura.
Los trabajadores de vivienda seguirán esperando que alguien intervenga.
