En el poblado Aguacate, municipio de Madruga, Mayabeque, los trabajadores por cuenta propia operan al margen de la ley al negarse sistemáticamente a cobrar mediante código QR. El punto de la PNR está desactivado por falta de agentes y los inspectores avisan antes de venir, según el testimonio, «para que los TCP ese día no trabajen». Los residentes denuncian robos de ganado, falta de efectivo en los bancos y una profunda desesperación social.
Un ciudadano del poblado Aguacate, en el municipio de Madruga (Mayabeque), ha contactado a nuestra redacción para describir la situación de caos e impunidad en la que viven. Las quejas abarcan desde la inseguridad ciudadana y la corrupción hasta el incumplimiento de las leyes de bancarización y la incapacidad de acceder a productos básicos.
«Un pueblo donde ya el punto PNR no está funcionando, porque no hay policías.»
Los hechos: la ley de la selva en Aguacate
El testimonio comienza con una fotografía del abandono institucional: la ausencia de la policía, que el denunciante compara con una leyenda del viejo oeste.
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«Es un pueblo al viejo oeste donde se sobrevive a como de lugar, matanzas de ganado vacuno y nadie hace nada.»
El robo de ganado, un delito grave que afecta la seguridad alimentaria, ocurre, según el denunciante, sin que nadie intervenga, lo cual es prueba del vacío de poder policial.
La farsa de los inspectores
El testimonio describe una corrupción sistémica en los órganos de control.
«Los inspectores, cuando vienen de que vienen a que vuelven que venir pasar rato. Cuando vienen es a buscar su javita, porque siempre llaman antes para que los TCP ese día no trabajen y no poder hacerles la inspección que corresponde.»
El modus operandi es claro: los inspectores avisan con antelación a los comerciantes sobre su llegada, y estos cierran sus negocios temporalmente. De esta manera, los inspectores cumplen con su deber de «ir a inspeccionar» sin tener que aplicar multas, y los comerciantes evitan sanciones. La población es la única que pierde, pues se queda sin poder comprar.
La rebelión de los TCP contra la bancarización
Los trabajadores por cuenta propia también infringen la ley por su cuenta.
«Ningún TCP quiere aceptar pago en transferencia.»
Esta denuncia ciudadana confirma un problema que el gobierno ya ha reconocido. Cubadebate publicó recientemente que «los TCP están obligados a aceptar el pago electrónico y no lo hacen. Y no pasa nada» . Los propios usuarios critican un sistema que beneficia al fisco pero perjudica al consumidor: «El trabajador estatal sigue maltratado, por un salario que no alcanza […] y para colmo ni siquiera puede usarlo» .
El laberinto del efectivo en los bancos
La falta de dinero en efectivo completa el círculo vicioso.
«El banco a los jubilados les da el pago completo, a los de tarjeta bandec de uso particular (que es el personal de la calle) solo les dan 500 cup, eso no resuelve nada sin contar la cola. Y a los que tiene tarjeta BPA, solo les dan 1000 cup. Eso no resuelve nada.»
El denunciante señala una diferencia de trato que aumenta la desigualdad: los trabajadores estatales residentes en Aguacate solo pueden extraer 500 pesos por ventanilla (un límite muy inferior a los 5,000 pesos que permite la regulación, demostrando una restricción impuesta por la sucursal local). Los jubilados, en cambio, cobran la totalidad de su pensión. La razón es que los bancos no tienen efectivo, una situación que impide a los trabajadores comprar mercancía a los TCP que, a su vez, se niegan a aceptar transferencias.
Resumen
Un ciudadano de Aguacate, Madruga, denuncia una triple crisis: la policía está ausente, los inspectores son corruptos y avisan a los TCP para que cierren, y los comerciantes se niegan a aceptar pagos digitales. Así, el pueblo sufre robos de ganado y no puede comprar productos básicos. El límite de efectivo en los bancos (500 pesos para trabajadores, 1000 para cuentahabientes BPA) impide a la población operar en una economía donde los TCP no aceptan QR .
Nota final
El poblado Aguacate, en Madruga, es un botón de muestra del fracaso de la bancarización forzosa en Cuba. Los TCP tienen la obligación legal de aceptar QR, pero están en rebeldía . Los inspectores tienen la obligación de hacer cumplir la ley, pero la violan cobrando sobornos.
La policía, por su parte, brilla por su ausencia. Esa es la receta para que un territorio se convierta en tierra de nadie, o como dice el denunciante, en «el viejo oeste».
Las autoridades de Mayabeque, los jefes de la PNR y los directores del Banco deben dar explicaciones. El ministerio público debe investigar las acusaciones sobre los inspectores. Mientras tanto, en Aguacate, la ley sigue sin aplicarse y el pueblo sigue esperando.
