Trabajadores por cuenta propia de Granma reportan una «arremetida» del gobierno municipal por orden del Intendente. Señalan que tras el Operativo Nacional del 22 al 24 de abril para obligar la bancarización, el pasado lunes 27 los inspectores salieron a buscar justificaciones para multar con 72,000 pesos a quienes cerraron sus negocios para evitar la quiebra. Un punto de venta de jamonada en calle 8, que surtía a cientos de bayameses, tuvo que cerrar por no tener efectivo para reponer mercancía, a pesar de tener el dinero en el banco. Acusan que las TRD de altos funcionarios no reciben multas por violar los precios.
Trabajadores por cuenta propia (TCP) de Bayamo, Granma, han contactado a nuestra redacción para denunciar una intensa jornada de multas e intimidación por parte de los inspectores municipales. Los testimonios describen una arremetida coordinada contra el sector privado que, según ellos, busca castigar a quienes intentaron acogerse a la legalidad.
Los hechos ocurrieron tras el Operativo Nacional realizado entre el 22 y 24 de abril, destinado a sancionar a los negocios que no aceptan el pago por transferencia bancaria.
Los hechos: un operativo que expuso la crisis de la bancarización
Te Puede Interesar:
Según el denunciante, la semana pasada muchos negocios se vieron obligados a cerrar sus puertas.
*»Del 22-24 de Abril se realizó en Cuba Operativo Nacional para sancionar a aquellos negocios que no aceptan el 100% de los pagos en transferencia. Debido a esto, aquellos negocios que se encontraban al borde de la quiebra cerraron para no enfrentar las altas multas de los inspectores o los sobornos.»*
El cierre masivo fue una medida de supervivencia. Los TCP no pueden operar sin efectivo porque sus proveedores no aceptan transferencias. Un reportaje de CubitaNOW confirma que los inspectores estaban desplegados en las calles en esos días «para detectar violaciones de precios y otras contravenciones», aplicando multas que oscilan entre 16.000 y 36.000 pesos .
La represalia del Intendente: multas de 72,000 pesos
El problema, según el denunciante, no fue el operativo nacional, sino la reacción del gobierno local al día siguiente.
«En Bayamo, el Intendente, luego de una reunión que solicitaron los TCP de ese municipio explicándole el por qué del cierre, el Lunes ordenó represalia contra aquellos que cerraron durante la semana anterior.»
La respuesta del gobierno fue rápida y punitiva.
«Este Lunes 27, los inspectores del municipio Bayamo (Granma) salieron con órdenes de buscar justificaciones y aplicar 72 mil pesos a aquellos que realizaron el cierre para evitar la quiebra.»
La cifra de 72,000 pesos no es casual. Medios independientes reportaron que el fin de semana anterior, un vendedor de pollo en la calle Figueredo recibió una multa de exactamente 72,000 pesos, acusado de «obstaculizar la inspección» . Los TCP de Bayamo denuncian que esta cifra se ha convertido en el monto estándar para arruinar a un pequeño negocio.
El caso de la jamonada: el círculo vicioso de la bancarización
Uno de los casos más dramáticos es el de un punto de venta muy popular en la calle 8.
«Punto principal de venta de Jamonada en calle 8 de este municipio, al que recurrían cientos de bayameses a diario, tuvo que cerrar por no disponer de efectivo para poder reaprovisionar su negocio. Estado de quiebra aún teniendo su dinero en el banco pero no poder extraerlo para continuar prestando servicio a la población.»
El caso describe el absurdo del proceso de bancarización en Cuba. El Estado obliga a los TCP a recibir dinero electrónico, pero no les facilita el efectivo para comprar mercancía nueva.
Doble moral: multas para los TCP, impunidad para las TRD de los «funcionarios»
El denunciante señala una desigualdad estructural que corroe la confianza en el sistema: los grandes negocios vinculados al poder no sufren el acoso de los inspectores.
«Varios puntos de venta, aún teniendo los precios más bajos con respecto a los ilegales, son multados por sobrepasar el tope de precios establecido. Aún cuando estos se encuentran por debajo del precio de las tiendas recaudadoras de divisas (TRD), a las que no les multan por pertenecer a altos funcionarios del gobierno).»
Esta acusación es muy grave. Las TRD, controladas por las Fuerzas Armadas, han sido señaladas en reportajes internacionales por vender ayuda humanitaria donada a precio de dólares . Mientras los pequeños vendedores son multados por un «sobreprecio» de unos pocos pesos para no perder dinero, las tiendas militares venden productos a precios estratosféricos en divisas, y ningún inspector municipal se atreve a ponerles una multa .
La conclusión de los TCP: «una arremetida»
El denunciante concluye que el objetivo de todo esto no es hacer cumplir la ley, sino castigar al sector privado por haber osado detener su actividad durante el Operativo Nacional.
«Se ve una arremetida con el único sector que se encuentra prestando servicios por haber cerrado en la semana anterior durante el operativo nacional.»
Esta sensación de abandono es compartida por los reportajes de prensa, que señalan que «las sanciones continúan acumulándose sin que se registren mejoras visibles en el abastecimiento ni en el poder adquisitivo de la población» .
Resumen:
Trabajadores por cuenta propia denuncian que en Bayamo, tras el Operativo Nacional del 22-24 de abril, el Intendente ordenó una «represalia» el lunes 27, enviando inspectores a multar con 72,000 pesos a los negocios que habían cerrado para evitar la quiebra. Reportes de prensa independiente confirman la imposición de multas de esa magnitud . Un popular puesto de jamonada en calle 8 cerró por no tener efectivo para operar. Denuncian que las TRD de los altos funcionarios no son multadas por violar los precios, mientras los pequeños son aplastados .
Nota final:
El Decreto Ley 91/2024, que obliga la bancarización, fue un golpe para los pequeños negocios. El Operativo Nacional de la semana pasada fue la caja de resonancia de ese desastre. Pero lo que ocurrió en Bayamo el pasado lunes es una escalada peligrosa. Gobierna una ideología donde la necesidad del pueblo de comer jamonada o comprar pollo es menos importante que cumplir con las cuotas de multas.
El sector privado está siendo «aplastado» por un sistema de reglas imposibles de cumplir y una fiscalización vengativa. Los cierres no se deben a que los TCP «no quieran trabajar», sino a que el Estado les ha bloqueado el acceso al efectivo necesario para reponer su mercancía.
Las autoridades de Granma y el gobierno central deben escuchar este clamor. Si siguen matando a la gallina de los huevos de oro, en Bayamo no quedará nadie para prestar servicios. Los únicos beneficiados serán los acaparadores del mercado negro y las tiendas militares que venden en dólares.
