Empleados del establecimiento acusan a la tecnología Mariluz Pérez y a los jefes de brigada Denis Moreno y Alberto Rutan de desviar toneladas de picadillo y embutido para venderlos ilegalmente. Señalan que el dinero en efectivo se entrega al jefe de producción Calixto Torres y al especialista Wuilver Allege, quienes al día siguiente aparecen con “los bolsillos llenos”. La denuncia afirma que en poco tiempo todos estos directivos han acumulado dinero, motos, motorinas y casas.
Varios trabajadores de la fábrica de cárnicos de Manzanillo han contactado a nuestra redacción para exponer la situación de corrupción que, según su testimonio, vive la entidad. La gravedad de la denuncia radica en el contraste entre las severas carencias del pueblo y el rápido enriquecimiento de sus dirigentes.
El testimonio describe una red perfectamente engrasada que involucra a los máximos responsables de la producción y las finanzas.
Lideresa de la trama: “La tecnología” Mariluz Pérez
El cabecilla de la operación, según los empleados, es la máxima responsable de la producción.
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“La principal descarada, la tecnología Mariluz Pérez, es la máxima responsable de llevar a cabo todos los movimientos de la producción adulterada que se realiza, haciendo mil inventos para que salga la producción y así ellos poder sacar las tanquetas de carne, picadillo y embutido y venderlas por la izquierda.”
Su función no es solo desviar la mercancía, sino legitimar el faltante a través de la manipulación documental.
“Mariluz es la que al otro día hace la documentación violando la ley, porque esto tampoco tiene que hacerlo.”
Los ejecutores y los receptores del dinero
En la ejecución del desvío participan directamente los jefes de las brigadas de producción.
“Todo se hace conjuntamente con los dos jefes de brigada, Denis Moreno y Alberto Rutan.”
El dinero en efectivo producto de las ventas ilegales sigue una cadena de mando clara hasta la cúpula.
“Mariluz es la responsable de entregar las grandes sumas de dinero al jefe de producción Calixto Torres y al especialista principal Wuilver Allege. Estos dos son unos troncos de descarados borrachos que lucran ilegalmente de esas producciones.”
La prueba del enriquecimiento ilícito
El cambio en el nivel de vida de los directivos es, según los denunciantes, la prueba irrefutable.
“Espero que investiguen para que se den cuenta del cambio total del modo de vida de todos estos directivos. En muy poco tiempo tienen de todo, desde moto, motorinas hasta casas con todas las condiciones y dinero cualquier cantidad.”
No son sólo los jefes. El trabajador de base también “prospera” dentro de este esquema.
“Jorgito es otro cabecilla responsable de la venta minorista. Un simple obrero, cómo es posible que tenga un carro Lada particular con un chófer que se lo trabaja, moto, motorina, casa y todas las comodidades y dinero para vacilar.”
Según el denunciante, este “Jorgito” fue detenido recientemente por la posesión de productos de la fábrica (picadillo) en el mercado negro, pero fue liberado porque los directivos “están confabulados” y lo protegen.
Un llamado a la intervención
El testimonio concluye con un clamor desesperado a las autoridades competentes para que intervengan de inmediato.
“Solo espero se haga una investigación profunda con la policía económica para que vean el tremendo negocio que existe en la fábrica de sus dirigentes y su director.”
Los trabajadores señalan que la producción no va al pueblo y que la complicidad llega hasta la Dirección del centro.
Resumen:
Trabajadores de la fábrica de cárnicos de Manzanillo denuncian una red de corrupción liderada por la tecnología Mariluz Pérez, los jefes de brigada Denis Moreno y Alberto Rutan, y los directivos Calixto Torres y Wuilver Allege. Acusan el desvío de toneladas de productos para la venta ilegal (picadillo, embutidos, carne). Señalan que estos directivos se han enriquecido rápidamente (motos, casas, dinero), y exigen una investigación de la policía económica.
Nota final
Los trabajadores de la cárnica de Manzanillo lo han explicado con claridad. El problema no es que la fábrica produzca poco. El problema es que lo que produce se desvía. Los directivos no son gestores públicos; se comportan como los dueños de un negocio privado donde las pérdidas las asume el Estado (la materia prima que desaparece) y las ganancias se las llevan ellos (el dinero de la venta ilegal).
La policía económica y la Contraloría General tienen que actuar de inmediato. Una auditoría forense a los libros de contabilidad, una verificación de las declaraciones juradas de bienes de los directivos, y un interrogatorio a fondo a los compradores del mercado negro sacarían a la luz la verdad. No es un caso complejo. Los dueños de las casas, las motos y los carros Lada están a la vista.
Mientras tanto, en Manzanillo, los anaqueles siguen vacíos. Y los directivos de la cárnica, «con los bolsillos llenos», esperan impunes.
¿Hasta cuándo?
