Un TCP de Granma revela el sistema de extorsión que enfrentan los pequeños comerciantes: inspectores que exigen «multas todos los días» de 50, 100 y 200 pesos o más, y la obligación de «regalar» mercancía para evitar sanciones. «Cuando vienen los inspectores provinciales es mejor cerrar el negocio ese día», afirma. También denuncia la contradicción de la bancarización: está obligado a aceptar transferencias, pero debe comprar la mercancía en efectivo y con billetes de alta denominación. «Muchas razones tienes para esa publicación, si yo pudiera contarte muchas cosas más pero puedo tener consecuencias», advierte.
Un trabajador por cuenta propia (TCP) de la provincia Granma ha contactado a nuestra redacción para denunciar el sistema de acoso y extorsión que enfrentan los pequeños comerciantes por parte de los inspectores. Su testimonio refleja el hartazgo de un sector que intenta sobrevivir en medio de la crisis, pero que se encuentra atrapado entre las multas abusivas, las exigencias de los inspectores y las contradicciones de la bancarización forzosa.
El denunciante prefiere mantener el anonimato y advierte que no puede contar todo lo que sabe:
«Muchas razones tienes para esa publicación. Si yo pudiera contarte muchas cosas más, pero puedo tener consecuencias.»
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Los hechos: multas diarias y mercancía «regalada» para sobrevivir
El testimonio describe un sistema de extorsión institucionalizado, donde los inspectores imponen multas con una frecuencia que parece responder más a la necesidad de cumplir cuotas que a la de hacer cumplir la ley.
«Para que no me pongan multas tengo que regalar parte de la mercancía que vendo o dejar que me pongan tres multas todos los meses: una de 50, otra de 100 y otra de 200 o más.»
El denunciante revela que los propios inspectores le han explicado el mecanismo:
«Me dicen que es para ellos hacer su trabajo y quedar bien, porque les exigen poner multas todos los días.»
Esta afirmación apunta a un problema estructural: los inspectores tienen cuotas que cumplir. Necesitan demostrar que están «trabajando», y la forma más fácil de hacerlo es multar a los pequeños comerciantes, que son los más vulnerables y los que menos pueden defenderse.
Cerrar el negocio: la única defensa
El denunciante describe la estrategia que muchos TCP han adoptado para protegerse de las multas más graves:
«Le digo más: cuando vienen los inspectores provinciales es mejor cerrar el negocio ese día y no esperar por una multa grande.»
Los inspectores provinciales tienen más poder y pueden imponer sanciones mucho más elevadas que los inspectores municipales. Ante esa amenaza, los pequeños comerciantes prefieren perder un día de trabajo que arriesgarse a una multa que podría equivaler a semanas o meses de ganancias.
Pero incluso esta estrategia de supervivencia tiene consecuencias:
«Ya están citando al que no trabaja ese día para tomar medidas represivas.»
Es decir: si cierras para evitar la multa, te sancionan por no trabajar. Si abres y te multan, pierdes todo. No hay salida.
La bancarización imposible: transferencias obligadas, efectivo inexistente
El denunciante expone la contradicción central del proceso de bancarización en Cuba:
«Es obligatorio aceptar pago en transferencia, pero donde compro la mercancía tengo que pagar en efectivo y tengo que pagar con billetes mayores de 100 pesos.»
Esta denuncia coincide con lo que ha documentado la prensa independiente en los últimos meses. Según un análisis de Cubadebate publicado el 14 de abril de 2026, la bancarización se ha convertido para muchos en un «calvario cotidiano»: «Los negocios, tanto privados como estatales, se niegan sistemáticamente a aceptar pagos digitales. Los códigos QR desaparecen de los mostradores o, si están, ‘no funcionan'» .
El mismo artículo explica la raíz del problema: «Sus propios proveedores no aceptan transferencias o les exigen efectivo. Si reciben el dinero en el banco, luego no pueden convertirlo en billetes para reponer la mercancía. Es una insostenible paradoja, ya que nuestro salario se deposita en cuentas bancarias, pero una parte considerable de la economía sigue operando con lógicas del efectivo» .
El problema de los billetes grandes
El denunciante menciona otro problema: tener que pagar con «billetes mayores de 100 pesos». Esta queja se explica por la reciente introducción de billetes de 2,000 y 5,000 pesos por parte del Banco Central de Cuba, anunciada el 30 de marzo de 2026 . La medida, que busca «agilizar las transacciones en efectivo» en un contexto de inflación, ha complicado aún más la vida de los pequeños comerciantes, que reciben billetes de alta denominación pero luego no tienen cambio para devolver a sus clientes .
El contexto: una ola de multas que no cesa
La denuncia del TCP de Granma se inscribe en un contexto nacional de intensificación de las inspecciones y las multas.
Cifras oficiales abrumadoras:
Según el Ministerio de Finanzas y Precios, en el ejercicio nacional de enfrentamiento a las violaciones de precios realizado del 19 al 21 de febrero de 2026, se realizaron más de 25,100 inspecciones en todo el país, detectándose irregularidades en 17,929 centros. Se impusieron 17,000 multas por un importe total de 65.5 millones de pesos .
Dania Rubio García, directora de Inspección del MFP, calificó el resultado de «positivo, incluso con resultados superiores al realizado en enero de este año» .
Multas desproporcionadas y muertes evitables:
El problema no es solo la cantidad de multas, sino su magnitud y el impacto en la vida de los sancionados. El 4 de marzo de 2026, Cuballama reportó la muerte de Rodisbel Álvarez, un revendedor de pan en Baire, Santiago de Cuba, que falleció de un infarto poco después de que inspectores le impusieran una multa de 16,000 pesos, una cifra «imposible de pagar para alguien que vive de vender pan de manera informal» .
El medio documenta que no es el primer caso. En 2022, Ángel Pacheco Soublet, un excombatiente de Angola de 83 años, se suicidó tras recibir una multa de 4,000 pesos por vender viandas en una carretilla. En 2021, Jorge Cachón Martínez, de Mayarí, Holguín, se quitó la vida luego de recibir dos multas por un total de 7,000 pesos .
Tensiones crecientes:
Las tensiones entre inspectores y comerciantes han escalado a niveles de violencia. En Santiago de Cuba, un cochero agredió con un machete a una inspectora después de que le impusieran una multa de 16,000 pesos. En Cienfuegos, un vendedor de productos agrícolas agredió físicamente a una inspectora y fue condenado a cinco años de prisión .
Denuncias de corrupción:
En Mayarí, Holguín, un cuentapropista publicó una foto de una inspectora «con cadenas de oro, anillos y uñas acrílicas» mientras pretendía imponerle una sanción elevada, denunciando que los inspectores se enriquecen ilícitamente «cogiendo dinero por la izquierda» .
El laberinto de la bancarización
La denuncia del TCP de Granma sobre la contradicción entre pagos electrónicos obligatorios y la necesidad de efectivo para comprar mercancía es un problema generalizado en Cuba.
Según un análisis de Radio Sancti Spíritus del 29 de marzo de 2026, «apenas treinta y un multas por este concepto se han impuesto en la provincia este año, una cifra simbólica frente a la práctica común de rechazar transferencias» . El mismo medio describe el círculo vicioso: «se exige aceptar pagos electrónicos, pero se obliga a comprar en billetes de alta denominación; se acumula dinero digital, pero no se puede retirar; y los consumidores quedan atrapados en medio de este laberinto» .
Un análisis de Cubadebate del 14 de abril de 2026 señala que «la bancarización, concebida para ordenar la economía y acercar el país a prácticas modernas de comercio, se ha convertido para muchos en un calvario cotidiano» .
El marco legal es claro: el Decreto Ley 91 de 2024 establece multas de hasta 60,000 pesos para quienes incumplan la obligación de aceptar pagos electrónicos . Sin embargo, la realidad muestra que muchos negocios continúan rechazando las transferencias, alegando desde «falta de conexión» hasta «ya cuadramos caja» .
El esquema real vs. el esquema ideal
En un esquema ideal, los inspectores velan por el cumplimiento de las normas con justicia y proporcionalidad. Las multas se aplican en casos de infracciones graves, no como una cuota diaria. La bancarización facilita las transacciones y reduce el uso de efectivo. Los pequeños comerciantes pueden operar sin miedo a ser arruinados por una sanción desproporcionada.
En la Cuba real de abril de 2026, según esta denuncia y los reportajes independientes, ocurre todo lo contrario:
Los inspectores tienen que cumplir cuotas de multas diarias.
Los TCP tienen que «regalar» mercancía o pagar sobornos para evitar sanciones.
Cuando vienen los inspectores provinciales, los comerciantes prefieren cerrar.
Los que cierran para evitar multas son citados para «medidas represivas».
La bancarización es obligatoria, pero los proveedores solo aceptan efectivo.
Los billetes son de alta denominación y no hay cambio.
Un hombre murió de un infarto por una multa de 16,000 pesos.
Otros dos se suicidaron por multas que no podían pagar.
El mensaje para los TCP de Granma y de toda Cuba es cruel: ustedes están en la mira. Los inspectores necesitan multarlos para cumplir sus cuotas. Si se quejan, tienen consecuencias. Si cierran para protegerse, también tienen consecuencias. Si intentan seguir la ley, la ley les exige algo imposible: aceptar transferencias cuando sus proveedores solo aceptan efectivo.
«Puedo tener consecuencias»
El denunciante cierra su testimonio con una advertencia que resume el miedo que paraliza a muchos cubanos:
«Muchas razones tienes para esa publicación. Si yo pudiera contarte muchas cosas más, pero puedo tener consecuencias.»
No es una amenaza vacía. Es la constatación de que en Cuba, denunciar la corrupción —incluso cuando se es víctima de ella— puede costar el sustento, la libertad o la seguridad.
Resumen:
Un trabajador por cuenta propia de Granma denuncia que los inspectores le exigen «tres multas todos los meses» (de 50, 100 y 200 pesos o más) y que para evitarlas tiene que «regalar parte de la mercancía». Cuando vienen los inspectores provinciales, afirma que «es mejor cerrar el negocio ese día», pero ya están citando a quienes no trabajan para tomar «medidas represivas». También denuncia la contradicción de la bancarización: está obligado a aceptar transferencias, pero debe comprar la mercancía en efectivo y con billetes de alta denominación. El contexto nacional confirma el patrón: en febrero de 2026 se impusieron 17,000 multas por 65.5 millones de pesos ; en marzo de 2026, un hombre murió de un infarto tras ser multado con 16,000 pesos ; y en abril de 2026, las autoridades introdujeron billetes de 2,000 y 5,000 pesos , complicando aún más la vida de los pequeños comerciantes.
Nota final:
El trabajador por cuenta propia de Granma no es un delincuente. No es un especulador. No es un enemigo del pueblo. Es un ciudadano que intenta sobrevivir en una economía donde el Estado no le garantiza nada. Compra su mercancía con el dinero que ahorra, la vende con un pequeño margen, y con eso alimenta a su familia.
Pero los inspectores necesitan multarlo. Necesitan cumplir sus cuotas. Necesitan demostrar que están «trabajando». Y si no pueden multarlo porque no encuentra una infracción, le exigen que «regale» parte de la mercancía. Esa es la extorsión. Ese es el sistema.
El denunciante ha dicho que no puede contar todo lo que sabe «porque puedo tener consecuencias». Esa frase es el reflejo de un país donde la verdad se castiga y el silencio se premia.
Las autoridades del Ministerio de Finanzas y Precios, la Contraloría General y el gobierno provincial de Granma tienen la palabra. Pero el TCP ya habló. Dijo que los inspectores le exigen multas para «quedar bien». Dijo que tiene que regalar mercancía. Dijo que la bancarización es un laberinto. Dijo que tiene miedo.
Mientras tanto, en Granma, los TCP seguirán regalando mercancía. Seguirán cerrando sus negocios cuando vengan los inspectores provinciales. Seguirán pagando multas que no merecen. Seguirán atrapados en un sistema que los castiga por existir.
¿Hasta cuándo?
