Un ciudadano anónimo revela el mecanismo de acaparamiento y reventa en la terminal del capitalino municipio. Según su testimonio, las propias empleadas de la agencia derivan a los compradores hacia los revendedores informales (“coleros”), quienes imponen precios abusivos. El denunciante, que necesitaba 4 pasajes para visitar a su familia, recibió un costo de 10 mil pesos por boleto si compraba el paquete completo, o 15 mil por cada uno si los adquiría por separado.
Un ciudadano anónimo ha contactado a nuestra redacción para denunciar la situación que enfrentan los compradores de pasajes de la empresa estatal Viajero en la agencia del municipio 10 de Octubre, en La Habana. Su testimonio describe un sistema de acaparamiento y reventa controlado por los propios trabajadores.
“La aplicación Viajando está hackeada por los mismos trabajadores”
El denunciante afirma que las dificultades para acceder a un pasaje a través de la plataforma digital no se deben a problemas técnicos, sino a una manipulación deliberada desde dentro. Esta afirmación, de ser cierta, constituiría un acto de sabotaje informático contra los intereses del Estado.
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“La aplicación Viajando está hackeada por los mismos trabajadores de la Agencia Viajeros. Cuando vas a preguntar, ellas mismas te dicen que tienes que hablar con los de afuera que tienen un listado y con los dichosos coleros.”
Las propias empleadas de la agencia derivan a los compradores hacia los revendedores informales que operan en los alrededores de la terminal.
“Según las trabajadoras, han hablado y llamado a donde quiera que solo les ha faltado hablar con Díaz-Canel. Cosa que debe de ser mentira, porque ellas mismas te envían hacia ellos.”
El precio de la desesperación: hasta 15,000 pesos por pasaje
El ciudadano, que necesitaba adquirir cuatro boletos para viajar a ver a su familia, fue testigo directo de los precios abusivos que imponen los revendedores.
“Yo fui preguntando por 4 pasajes y me dijo un colero: sin menos, 1 pasaje 15 mil y si son 4, 10 mil.”
El precio oficial de un boleto de ómnibus en una ruta nacional como La Habana-Santiago de Cuba suele oscilar entre los 400 y los 800 pesos. Venderlo a 10 mil o 15 mil pesos representa un sobreprecio de entre 12 y 37 veces su valor real. La situación descrita ilustra la imposibilidad para la mayoría de los cubanos de costear un viaje para visitar a sus familiares.
Para empeorar las cosas, el ciudadano revela que el robo es doble.
“Aún tiene uno que pagar lo que vale por la agencia. Es duro no poder viajar a ver la familia de uno.”
El revendedor cobra el sobreprecio en el mercado negro, y luego el pasajero debe pagar el valor nominal del boleto en la taquilla de la agencia para que el viaje quede formalmente registrado. El precio total que un usuario debe desembolsar para poder viajar es, por tanto, la suma de ambos pagos.
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El patrón descrito en estas denuncias es el mismo que el denunciante de 10 de Octubre señala hoy: una red de corrupción que abarca todo el país, desde los agentes de venta en las terminales hasta los grupos de revendedores en la calle, todos operando con la complicidad de las autoridades locales o, al menos, con su pasividad.
Resumen
Un ciudadano denuncia que en la agencia de Viajero de 10 de Octubre (La Habana), las propias trabajadoras derivan a los compradores hacia revendedores (“coleros”) que cobran entre 10,000 y 15,000 pesos por un pasaje, cuyo precio oficial es de apenas unos cientos de pesos. El denunciante afirma que “la aplicación está hackeada por los mismos trabajadores”.
Nota final
El ciudadano que escribe no puede costear 40 mil pesos (el costo de cuatro pasajes) para visitar a su familia. Suplica que con esta publicación se haga justicia, y confía en que Dios permita que algún funcionario lea su carta y tome cartas en el asunto. La aplicación “Viajando” fue concebida para modernizar el sistema de venta de pasajes, pero los “hackeos” internos y las alianzas con los coleros la han convertido en una herramienta más para la especulación.
El Ministerio del Transporte tiene que intervenir con técnicos informáticos para auditar el sistema y detectar las filtraciones internas, y la PNR debe desarticular las redes de revendedores que operan a las puertas de las agencias. El pueblo ya no puede pagar 15 mil pesos por un pasaje para ver a su madre.
