Un ciudadano anónimo denuncia que la Directora Comercial Provincial de la Empresa Eléctrica en Cienfuegos está siendo investigada por la venta ilegal de breakers que debían entregarse a la población. Según el testimonio, existen pruebas de la corrupción, pero la funcionaria solo fue “movida de puesto” y continúa ejerciendo funciones directivas. El denunciante afirma que la investigación oficial es una “prueba más de la corrupción y que entre los mismos jefes se tapan”.
Un ciudadano de Cienfuegos, que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias, ha contactado a nuestra redacción para denunciar un caso de corrupción dentro de la Empresa Eléctrica Provincial.
El testimonio del ciudadano señala a la máxima responsable del área comercial de la provincia.
“La Directora Comercial Provincial está siendo investigada por la venta de breakers que se les debió dar a la población y ella, en conjunto con otras personas, lo vendieron por la izquierda.”
Las pruebas existen, pero la sanción no llegó
El denunciante afirma que el expediente de la investigación ya cuenta con elementos sólidos que corroboran la comisión de actos ilegales. Sin embargo, la funcionaria no ha sido separada de su puesto de dirección.
“Ya con pruebas y todo de esto, ella fue movida de puesto, pero sigue dirigiendo igual. Una prueba más de la corrupción y que entre los mismos jefes se tapan.”
La denuncia refleja la percepción de que, en la provincia de Cienfuegos, los cuadros corruptos no son sancionados, sino “recolocados” en otras responsabilidades para protegerlos de la acción de la justicia.
El contexto oficial: sanciones a dirigentes locales pero impunidad para delitos graves
Las autoridades en Cienfuegos han anunciado sanciones contra funcionarios del Partido en los últimos meses, aunque por razones que algunos consideran vagas. En febrero de 2025, el Comité Provincial del Partido separó de sus cargos al compañero José López Zuñet (miembro de su Buró Ejecutivo) y a la compañera Mayré Fornaris Soriano (Primera Secretaria en Rodas), argumentando “problemas de actitud” y “errores cometidos en el cumplimiento de sus funciones” .
Estas medidas fueron interpretadas en redes sociales como reacciones tardías ante la presión popular, con comentarios como: “Con la cantidad de quejas reales del pueblo de Cienfuegos no debería quedar uno en el cargo” .
La funcionaria comercial continúa en la estructura de poder, aunque en una posición distinta. La propia directora comercial ha participado en los debates del “Programa para Corregir Distorsiones y Reimpulsar la Economía” , asistiendo a reuniones donde se prioriza la “eficiencia energética” y se analizan los “obstáculos” a la comunicación política.
Percepción ciudadana: el delito no se castiga, se administra
El denunciante describe un patrón similar al que este medio ha denunciado en otras provincias, como Granma y La Habana, donde los funcionarios señalados por corrupción no enfrentan procesos penales, sino que son “movidos” a otros cargos dentro del Partido o el gobierno hasta que el escándalo se olvida.
“Saludos y buenas noches. Por desgracia, no puedo hacerlo público porque sino me desaparecen. Sabemos cómo trabaja este país.”
La víctima opta por el silencio por temor a las represalias, un mecanismo que la denunciante identifica como una herramienta para mantener la impunidad.
Resumen:
Un ciudadano denuncia que la Directora Comercial Provincial de la Empresa Eléctrica en Cienfuegos está siendo investigada por liderar la venta ilegal de breakers destinados a la población. A pesar de existir pruebas, la funcionaria solo fue “movida de puesto” y continúa ejerciendo poder. El denunciante afirma que la pasividad de las autoridades constituye una “prueba más” de que los jefes se protegen entre sí. Temiendo por su seguridad, solicita el anonimato.
Nota final:
La denuncia desde Cienfuegos refleja un patrón que la ciudadanía identifica cada vez más: la corrupción no se castiga, se administra. El funcionario corrupto no es expulsado del sistema, sino recolocado en otro rincón del organigrama estatal hasta que pase la tormenta mediática. Es una táctica que protege al individuo a costa de la credibilidad de las instituciones.
Los breakers robados no eran un lujo, sino una necesidad para la seguridad eléctrica de los hogares. Al venderlos “por la izquierda”, los responsables no solo cometieron un acto de corrupción, sino que pusieron en riesgo a la población.
La Contraloría y la Fiscalía deben actuar y responder a varias preguntas: ¿existe o no una investigación formal en curso? Si es así, ¿por qué la acusada sigue al frente de una dirección? ¿Se trata de una “recolocación” o de una sanción firme? Los cienfuegueros necesitan una respuesta clara y definitiva, no un silencio cómplice.
