Residentes del barrio El Canal acusan a la presidenta del consejo popular de residir en un inmueble que estaría bajo custodia municipal y de usar su cargo para intentar legalizarlo. Señalan que, a pesar de las denuncias de los vecinos colindantes, la Asamblea Municipal y la Intendencia se han hecho «de la vista gorda». La denunciante afirma que la funcionaria es “amiga y defensora” de la directora de Vivienda Municipal, a quien acusa de manipular informes para protegerla. La población exige que se investigue y que el apartamento sea asignado a una familia con verdadera necesidad.
Una ciudadana del municipio Cerro, La Habana, que prefiere mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias, ha contactado a nuestra redacción para exponer un caso de presunta corrupción administrativa y ocupación ilegal de una vivienda estatal.
La denuncia apunta directamente a la presidenta del consejo popular El Canal, una figura que aparece públicamente en los medios oficiales participando en la rehabilitación de obras sociales .
Los hechos: una vivienda en custodia
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Según el testimonio, la presidenta del consejo popular reside desde hace algún tiempo en un inmueble que, presuntamente, se encuentra bajo la custodia del Estado.
“Está viviendo una casa que supuestamente está en custodia hace algún tiempo y trata a través de su posición legalizarla.”
El denunciante alega que la funcionaria estaría utilizando su cargo público para presionar y agilizar los trámites que le permitan quedarse con un inmueble que no le pertenece.
“La presidenta de la Asamblea y la Intendente lo saben y se han hecho de la vista gorda.”
Esto implica un pacto de silencio entre las máximas autoridades políticas del municipio para no investigar a una de sus funcionarias clave.
La complicidad con la Vivienda Municipal
El testimonio no solo señala a la presidenta del consejo popular, sino que implica directamente a la Dirección Municipal de la Vivienda en la trama.
“Ella es amiga y defensora de la directora de la vivienda municipal, tapando toda su corrupción en informes para lograr legalizar esa vivienda que no es de ella.”*
Si la directora de Vivienda manipula los informes para favorecer a su amiga, la corrupción está institucionalizada. Los dictámenes técnicos y los informes jurídicos que deberían proteger el patrimonio estatal se estarían usando para regalar viviendas a dedo.
“Hay tantas personas sin casa”
El denunciante expresa con crudeza la indignación de la comunidad, contrastando los privilegios de la dirigente con la dura realidad de los vecinos.
“Sabiendo que hay tantas personas sin casa en el municipio con niños con problemas y ancianos sin techo. Ella tiene casa y no quiere soltar esa a pesar de las denuncias de vecinos colindantes.”*
Resulta indignante que una presidenta de consejo popular, cuyo deber es representar las necesidades de la comunidad, esté precisamente obstaculizando que una familia vulnerable acceda a una vivienda que el Estado le ha negado.
La hipocresía oficial
Los medios oficiales y el sitio web del gobierno de La Habana publicaron recientemente que en el consejo popular El Canal “avanza la rehabilitación de obras sociales” y destacaron el trabajo de su presidenta dirigiendo las mejoras en círculos infantiles y escuelas .
Pero la realidad que describe el denunciante es muy distinta: mientras la presidenta aparece en las fotos oficiales inaugurando obras, según este testimonio, vive ilegalmente en una vivienda estatal que no le corresponde, usa su cargo para legalizarla y cuenta con la protección de la directora de Vivienda para lograrlo.
La investigación de la Contraloría y la Fiscalía debe determinar quién miente.
Resumen:
Un vecino del municipio Cerro denuncia a la presidenta del consejo popular El Canal por ocupar ilegalmente una vivienda en custodia e intentar legalizarla usando su cargo. La Asamblea Municipal y la Intendente conocen el caso, pero no actúan. La directora de Vivienda Municipal ampara a su amiga manipulando informes. El denunciante resalta que hay muchas personas con niños y ancianos sin techo mientras esta dirigente tiene casa y no quiere soltar la que ocupa ilegalmente.
Nota final:
El Consejo Popular «El Canal» lleva el nombre de una obra de infraestructura hidráulica que debía llevar el agua a todos . Hoy, el agua en Cuba es otro símbolo de la desigualdad. Por desgracia, este caso también trata sobre la justicia. La presidenta de ese consejo popular debía ser la primera defensora de los desposeídos, la que lucha por que el techo llegue a los que no tienen. Según esta denuncia, hace todo lo contrario.
Las autoridades del municipio Cerro, la Contraloría General y la Fiscalía tienen la palabra. La vivienda en cuestión tiene una dirección (en El Canal). La presidenta tiene un nombre. La directora de Vivienda tiene un expediente. Es hora de que dejen los informes manipulados y las fotos oficiales y rindan cuentas. El pueblo de Cerro los está mirando. ¿Hasta cuándo?
