La polémica Ley de Insurrección, raramente usada, otorga poderes excepcionales al presidente para utilizar el ejército en suelo nacional
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó esta semana con invocar la Ley de Insurrección, una norma de más de 200 años de antigüedad, para obtener la autoridad legal que le permitiría desplegar tropas federales en ciudades gobernadas por demócratas, como Portland y Chicago. «Lo haría si fuera necesario. Tenemos una Ley de Insurrección por una razón», declaró Trump a periodistas en la Oficina Oval.
Esta ley, promulgada originalmente en 1807, concede al presidente facultades amplias para utilizar al ejército con el fin de sofocar rebeliones en territorio estadounidense, eludiendo las restricciones habituales que limitan el uso de fuerzas militares para aplicar la ley dentro del país. La última vez que se invocó fue en 1992, cuando el presidente George H. W. Bush autorizó a la Guardia Nacional a contener los disturbios de Los Ángeles tras el veredicto del caso Rodney King.
Las declaraciones de Trump se produjeron después de que un tribunal federal bloqueara el envío de tropas de la Guardia Nacional a Portland, y de que autoridades demócratas en Illinois presentaran una demanda similar para impedir el despliegue federal en Chicago. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, acusó a la administración Trump de buscar «provocar el caos, crear miedo y confusión» para justificar el uso de la ley y «normalizar la presencia de soldados armados bajo su mando directo».
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Aunque la Ley de Insurrección suele invocarse a petición de los gobernadores, en el pasado se ha utilizado en contra de la voluntad de autoridades locales, como durante la lucha por la integración racial en las escuelas del sur entre 1957 y 1963. Trump y sus colaboradores han comenzado a emplear frecuentemente el término «insurrección» para describir las protestas en ciudades opositoras, un lenguaje que podría servirle de base legal para aplicar la polémica norma, aunque su eventual uso probablemente enfrentaría nuevos desafíos judiciales.
