El estado retrasa hasta marzo la anulación de 17.000 permisos de camioneros y conductores de autobús, dando tiempo para revisar los casos tras presiones federales sobre inmigración.
Sacramento, California. 6 de enero de 2026. En un giro significativo, el estado de California ha anunciado que pospondrá hasta marzo de 2026 la revocación planificada de 17,000 licencias de conducir comerciales (CDL), afectando a miles de camioneros y conductores de autobús. La decisión llega después de que grupos de defensa de derechos civiles presentaran una demanda colectiva, argumentando que la medida ponía en riesgo los medios de vida de conductores inmigrantes que cumplen los requisitos legales.
⚖️ Origen de la Controversia: Presión Federal y un Caso Trágico
La acción de California fue una respuesta directa a la presión del Secretario de Transporte federal, Sean Duffy, quien ha insistido en asegurar que los inmigrantes indocumentados no obtengan estas licencias. La prioridad del Departamento de Transporte (DOT) federal se intensificó tras dos accidentes fatales:
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- Agosto de 2025: Un conductor de camión sin autorización para estar en EE.UU. realizó un giro en U ilegal en Florida, provocando un accidente con tres muertos.
- Octubre de 2025: Otro choque fatal en California involucró a un conductor sij.
Estos incidentes llevaron a auditorías federales que, según Duffy, encontraron «problemas significativos», como licencias válidas después de la expiración de los permisos de trabajo de los conductores.
🛑 La Respuesta de California y el Bloqueo Federal
Inicialmente, California planeó revocar las licencias y reanudar su emisión a mediados de diciembre con nuevas reformas. Sin embargo, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) bloqueó este plan, considerando insuficientes las garantías del estado.
Steve Gordon, director del DMV de California, subrayó la importancia económica de los conductores: «Nuestras cadenas de suministro no se mueven y nuestras comunidades no permanecen conectadas sin ellos».
👥 La Demanda Colectiva y la Defensa de los Conductores Inmigrantes
La Coalición Sij y el Asian Law Caucus de San Francisco presentaron la demanda, alegando que los conductores inmigrantes estaban siendo blanco de un trato injusto y generalizado. Mumeeth Kaur, directora jurídica de la Coalición Sij, calificó el retraso como «un paso importante hacia la mitigación de la amenaza inmediata que estos conductores enfrentan a sus vidas y medios de subsistencia».
Datos Clave:
- Los inmigrantes representan ~20% de los conductores de camiones en EE.UU.
- Las licencias en cuestión (para ciertos extranjeros con autorización de trabajo) son solo ~5% del total de CDL (unas 200,000).
🚚 Posturas Divididas: Seguridad vs. Derechos y Economía
El caso ha enfrentado diferentes posturas:
- Grupos Comerciales de Transporte: Han elogiado el esfuerzo por sacar de las carreteras a conductores «no calificados» y las acciones contra escuelas de conducción cuestionables.
- Defensores de Inmigrantes y el Estado: Argumentan que la revocación masiva y apresurada es desproporcionada, daña la economía y perjudica a trabajadores legales. El DOT federal también propuso nuevas reglas restrictivas, pero un tribunal las suspendió.
El Secretario Duffy ha amenazado con retener fondos federales de California, Pensilvania y Minnesota si no se cumplen las normativas.
Resumen: California ha pospuesto hasta marzo la revocación de 17,000 licencias comerciales de conducir tras una demanda de grupos civiles. La medida original respondía a la presión federal para evitar que inmigrantes indocumentados obtuvieran estos permisos, impulsada por accidentes fatales. El estado busca tiempo para proteger a los conductores que sí cumplen la ley, mientras equilibra las exigencias de seguridad vial federales, la presión de la industria del transporte y los derechos de los trabajadores inmigrantes.
Nota: Este conflicto encapsula tensiones nacionales más amplias: seguridad fronteriza vs. fuerza laboral inmigrante, autoridad federal vs. derechos estatales, y seguridad vial vs. continuidad económica. El plazo hasta marzo es una tregua temporal, pero la batalla legal y política sobre quién puede conducir profesionalmente en EE.UU. está lejos de terminar.
