Ricardo Valdés, de 78 años, lucha por la propiedad de su apartamento ya pagado. Alega que el tribunal emitió un fallo «nulo» sin firmar y que las instituciones conspiran para despojarlo.
LMS recibe, a través de su esposa, la denuncia del ciudadano Ricardo Valdés, un adulto mayor de 78 años, quien acusa al Tribunal Municipal de 10 de Octubre y a la Dirección Municipal de Vivienda en Boyeros de cometer graves irregularidades procesales para impedirle obtener la propiedad de su vivienda, tras haberla pagado en su totalidad con su jubilación.
🔍 Cronología de los Hechos Denunciados:
- Construcción y Pago: Ricardo Valdés construyó su apartamento con la microbrigada de su centro de trabajo, Cuba Tabaco. La vivienda se le otorgó en usufructo. Durante años, pagó por ella con su pensión de jubilado hasta cancelar el monto total.
- Resolución de Vivienda: Al terminar de pagar, solicitó la propiedad del inmueble a la Dirección Municipal de Vivienda en Boyeros. Esta emitió la Resolución 1180/22, la cual, según el denunciante, contiene una «reducción contraria a la ley» y constituye un delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta).
- Batalla Judicial: Valdés impugnó esta resolución ante el Tribunal Municipal de 10 de Octubre. Según la denuncia, este tribunal nunca emitió un fallo válido. Lo que se produjo fue un documento sin terminar de redactar, sin firmar y, por tanto, nulo.
- El «Documento Nulo»: Este presunto fallo incompleto (unas dos hojas) le fue enviado por WhatsApp a una persona llamada Esperanza, lo que el denunciante interpreta como un acto que «ampara el robo y la estafa descarada de Vivienda Boyeros».
- Callejón Sin Salida Institucional: Al quejarse ante el Tribunal Supremo Popular, este le indicó que debía interponer un recurso de casación. Sin embargo, cuando intentó hacerlo, un abogado le informó que la sentencia (la nula) ya era «firme», creando una contradicción imposible: no se puede casar una sentencia que no existe formalmente.
- Acusación Central: Ricardo Valdés y su esposa denuncian una «corruptela institucional cinta negra», donde diversas instituciones (Vivienda, Tribunal de 10 de Octubre, posiblemente el Tribunal Supremo en su respuesta) actúan de manera coordinada o negligente para violar el debido proceso y despojar a un anciano de su propiedad legítimamente adquirida.
Documentación: La denunciante adjunta múltiples fotografías de los documentos del caso, incluyendo la Resolución 1180/22 y el fallo judicial impugnado, para respaldar sus afirmaciones.
Te Puede Interesar:
Paginas Entregadas se muestran en el Orden de recepción de los Archivos
1, 2, 3
4, 5, 6
7, 8, 9
10, 11, 12
13, 14
Resumen Final: Ricardo Valdés, un jubilado de 78 años, denuncia que tras pagar su vivienda, la Dirección de Vivienda de Boyeros emitió una resolución ilegal y el Tribunal de 10 de Octubre falló con un documento nulo (sin terminar ni firmar), creando un vacío legal que le impide reclamar su propiedad. Acusa a las instituciones de coludirse en una «estafa descarada».
Nota: Este caso ejemplifica la desprotección absoluta del ciudadano común frente a un aparato estatal que puede invalidar sus derechos mediante la burocracia, la negligencia maliciosa o la arbitrariedad. La denuncia no es solo por una vivienda, sino por la ruptura del Estado de Derecho. La imagen de un anciano siendo burlado por las instituciones que deberían protegerlo es de una gravedad extrema. LMS exige que la Fiscalía Provincial o el Tribunal Supremo revisen este caso de oficio para aclarar cómo es posible que un tribunal emita un fallo «nulo» y cómo se resuelve esta indefensión. La justicia no puede ser un laberinto sin salida.
