Un ciudadano con carnet de discapacidad física denuncia que cada vez que acude a la terminal de Santiago de Cuba a gestionar un pasaje con la prioridad que le confiere la ley, le informan que no hay asientos disponibles. Asegura que la situación le ha impedido viajar en múltiples ocasiones y que la prioridad establecida es una ficción, mientras las mafias de revendedores controlan el sistema.
Un ciudadano de Santiago de Cuba, que posee carnet de discapacidad física, ha contactado a nuestra redacción para exponer la difícil situación que enfrenta al intentar viajar en el transporte nacional. A pesar de contar con la prioridad que le otorga la ley, en la práctica, se encuentra con un muro de negativas.
El denunciante es claro en su reclamo:
«Tengo carnet de impedido físico y cada vez que voy a la terminal a sacar el pasaje no hay. Me dicen que todos los asientos están vendidos.»
Los hechos: prioridad de iure, exclusión de facto
El usuario explica que esta situación se repite sistemáticamente.
«Cada vez que voy a sacar un pasaje me dicen que no hay. Se me vence la carta siempre por qué nunca hay asiento para los impedidos.»
La legislación cubana, como en muchos países, establece mecanismos de protección para personas con discapacidad. Una resolución de la Empresa Taxis-Cuba, en vigor desde enero de 2026, «ratifica la prioridad que tienen en el servicio en ruta 2 personas con discapacidad, presentando el carné que los acredita» . Sin embargo, el testimonio del denunciante evidencia que el problema no es la falta de normas, sino su incumplimiento sistemático.
El contexto: un mercado negro descontrolado en Santiago de Cuba
La imposibilidad de viajar para las personas vulnerables es la punta del iceberg de un sistema de transporte colapsado y corrupto.
Una investigación periodística independiente documentó que en la terminal de Santiago de Cuba los revendedores operan a plena luz del día . Los precios de los pasajes en el mercado negro se disparan: un viaje Santiago-La Habana, que cuesta oficialmente poco más de 200 pesos, puede llegar a costar hasta 7,000 pesos en manos de los «gestores» . Es decir, los asientos existen, pero están siendo desviados del mercado regulado al ilegal.
Los pasajes que el denunciante necesita no están «vendidos» en el sentido literal de haberse agotado, sino en el sentido de que han sido acaparados por las mafias para su reventa.
El propio denunciante lo sugiere al hablar de las cartas de viaje que se le vencen. Mientras él respeta los plazos y la burocracia, los revendedores manejan los tiempos a su antojo.
La hipocresía del discurso oficial
Mientras el ciudadano con carnet de discapacidad física no puede viajar, las autoridades y los medios oficiales se llenan la boca con conceptos como «turismo accesible» y «justicia social» . Existe una declaración de La Habana por un Turismo Accesible y se promocionan hoteles con menús en braille y alarmas para sordos , diseñados para turistas extranjeros que pagan en divisas.
Pero para el cubano de a pie, con discapacidad o sin ella, el sistema de transportes es un ring de boxeo donde «te afincan sin el menor de los miramientos» . Los comentarios en redes sociales sobre las normas de prioridad son reveladores. Mientras unos lo apoyan, otros advierten: «Deben revisar los carnets de impedido… los hay que están más fuertes que un roble» . Esta desconfianza generalizada sobre el fraude acaba perjudicando a quienes realmente necesitan la protección.
Resumen:
Un ciudadano con discapacidad física en Santiago de Cuba denuncia que no puede ejercer su derecho a viajar con prioridad porque en la terminal «siempre le dicen que los asientos están vendidos». Mientras las normas vigentes le otorgan prioridad , la realidad del mercado negro del transporte le impide acceder a un pasaje.
Nota final:
¿De qué sirve una ley si no se cumple? ¿De qué sirve un carnet de prioridad si en la práctica no te da acceso a nada?
El denunciante sigue los pasos que la burocracia le indica: saca la carta de viaje, acude a la terminal, presenta su carnet de discapacidad. Las autoridades le deben una respuesta. El sistema que prioriza el lucro de las mafias sobre el derecho de los vulnerables no es un sistema fallido; es un sistema que, por acción u omisión, ha decidido quién importa y quién no. ¿Hasta cuándo?
