La jueza Sparkle L. Sooknanan rechazó la petición gubernamental de desestimar una demanda contra la polémica medida, que ya había llevado a unos 500 detenidos a la instalación.
Un nuevo capítulo en la batalla legal contra las políticas migratorias de la administración Trump se ha escrito en un tribunal federal. La jueza del Tribunal de Distrito Sparkle L. Sooknanan bloqueó un intento del Gobierno de desestimar una demanda que impugna su controvertido plan de utilizar la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, para retener a inmigrantes con órdenes finales de deportación. En una sentencia dictada el viernes, la magistrada no solo rechazó la moción del Gobierno, sino que convocó una audiencia para la próxima semana a fin de discutir los siguientes pasos en el proceso, lo que mantiene viva la impugnación legal a esta medida.
El plan, anunciado por el presidente Trump en enero como parte de su ofensiva contra la inmigración irregular, proponía utilizar las instalaciones de «Gitmo» para albergar a decenas de miles de lo que llamó los «peores criminales extranjeros». Entre febrero y junio de este año, el Gobierno federal materializó parcialmente esta idea trasladando y reteniendo a aproximadamente 500 inmigrantes en la base, utilizándola como punto de tránsito. Sin embargo, esta práctica fue de corta duración, ya que días después las autoridades se vieron obligadas a regresar a todos los detenidos a suelo estadounidense, presumiblemente ante las impugnaciones legales y la logística compleja.
Argumentos de las partes en conflicto:
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- La defensa de los derechos civiles: Lee Gelernt, abogado principal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones demandantes, celebró el fallo de la jueza Sooknanan. En sus declaraciones, espera que la decisión «ponga fin a la política ilegal de enviar inmigrantes a bases militares en medio de la nada solo por espectáculo político». La ACLU y otros grupos sostienen que esta práctica viola las leyes de inmigración de EE.UU., las cuales establecen procedimientos y lugares específicos para la detención de migrantes, no contemplando el uso de instalaciones militares en territorio extranjero para este fin.
- La postura del Gobierno Trump: La administración ha defendido reiteradamente su autoridad para retener a personas con órdenes finales de deportación en instalaciones militares, argumentando necesidades de seguridad y capacidad. Para el Gobierno, Guantánamo representa una instalación segura y bajo control total de EE.UU., útil para manejar casos considerados de alto perfil o complejos.
El peso simbólico y legal de Guantánamo:
La elección de Guantánamo no es casual y carga con un enorme bagaje histórico y legal. La base, ubicada en territorio cubano bajo ocupación estadounidense desde 1903, es internacionalmente infame por haber albergado, desde 2002, a cientos de sospechosos de terrorismo capturados después de los ataques del 11 de septiembre, muchos de ellos sometidos a programas de interrogatorio con tortura y detenidos indefinidamente sin cargos ni juicio.
- Un precedente peligroso: Llevar inmigrantes a Guantánamo busca, según críticos, crear un precedente para eludir las protecciones legales y constitucionales que tendrían los detenidos en suelo continental estadounidense. La jurisprudencia sobre los derechos de los detenidos en Guantánamo es compleja y limitada, lo que podría dejar a los inmigrantes en un limbo legal aún mayor.
- Críticas internacionales: La base ya es objeto de constantes críticas y condenas internacionales por presuntas violaciones sistemáticas de derechos humanos contra los detenidos en la «guerra contra el terror». Ampliar su uso a detenidos migratorios ordinarios sería, para organizaciones defensoras, una extensión de ese modelo de excepcionalidad legal y un mensaje devastador sobre el tratamiento a migrantes.
La decisión de la jueza Sooknanan representa un obstáculo significativo para la estrategia migratoria de Trump. Mientras la batalla judicial avanza, el caso subraya la profunda división en Estados Unidos sobre cómo aplicar las leyes de inmigración y los límites del poder ejecutivo, usando como telón de fondo uno de los símbolos más controvertidos de la política exterior y de seguridad nacional del país.
Resumen: Una jueza federal, Sparkle L. Sooknanan, bloqueó el intento de la administración Trump de desestimar una demanda contra su plan de retener inmigrantes con órdenes de deportación en la base de Guantánamo. El gobierno ya había trasladado allí a unos 500 detenidos antes de tener que regresarlos. La ACLU celebra la decisión, tachando la política de «ilegal» y motivada por «espectáculo político», mientras el Gobierno defiende su autoridad para usar instalaciones militares.
Nota: Este fallo judicial frena, al menos temporalmente, un esfuerzo por expandir el uso de Guantánamo —ya un símbolo global de detención arbitraria y tortura— al ámbito migratorio, en una batalla que confronta la política de «mano dura» con los límites del Estado de derecho y los derechos humanos.
