Denuncian Desvío de más de 180,000 pesos en el PCC de Yara, Granma

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Auditoría detectó pérdida de fondos de militantes jubilados; denunciante acusa a primera secretaria provincial de encubrir el caso

Una grave denuncia de corrupción interna ha salido a la luz en el Partido Comunista de Cuba (PCC) en el municipio de Yara, provincia de Granma, donde una auditoría realizada en septiembre pasado detectó la desaparición de más de 180,000 pesos correspondientes al pago de las finanzas de militantes de núcleos de jubilados.

Detalles de la denuncia:

  • Cuantía desviada: 180,000 pesos aproximadamente
  • Origen del dinero: finanzas de militantes de núcleos de jubilados del PCC
  • Fecha de detección: septiembre 2025 mediante auditoría provincial
  • Responsables señalados: Niurka Alarcón (1ra Secretaria del PCC en Yara) y Nelvis Blanco (contadora)

Situación actual del caso:

  • Resultados de auditoría entregados a Yudelkis Ortíz, 1ra Secretaria del PCC en Granma
  • Denunciante acusa a Ortíz de «tapar» el caso
  • Se dio oportunidad de reposición del dinero, pero hasta la fecha no se ha resuelto
  • Nelvis Blanco se niega a reponer los fondos, argumentando que debe hacerlo Niurka Alarcón

Señalamientos adicionales:

  • Niurka Alarcón Gómez estaría utilizando su posición para beneficiar a familiares
  • Presunto suministro irregular de combustible a familiares
  • Caso fuera del conocimiento de Seguridad del Estado y Fiscalía
  • Denunciante afirma: «en el PCC NO PUEDE HABER CORRUPCIÓN»

Contexto institucional:
El caso evidencia serias fallas en los mecanismos de control interno del Partido Comunista en la provincia de Granma, particularmente en el manejo de fondos de militantes jubilados, uno de los sectores más vulnerables de la membresía partidista.

Resumen: Una auditoría del PCC provincial detectó en septiembre la desviación de más de 180,000 pesos de finanzas de militantes jubilados en Yara, caso que permanece sin resolver pese a haber sido conocido por la máxima dirección partidista en Granma.

Nota: La denuncia sugiere la existencia de encubrimiento institucional y revela tensiones internas entre los implicados, mientras el dinero de militantes jubilados sigue sin ser repuesto cuatro meses después de detectada la irregularidad.

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