Eliester Guerra acusa al sistema judicial de beneficiar a Omar Jesús Castro Camejo, quien a pesar de antecedentes recibió 10 años de pena y disfrutó de flexibilidades carcelarias tras la muerte del joven en 2022.
Un grito de dolor y frustración contra el sistema de justicia cubano ha sido hecho público por Eliester Guerra, padre del joven Eliester Alejandro Guerra Llano, de 26 años, quien falleció en febrero de 2022 tras recibir dos heridas mortales en un hecho violento ocurrido en el municipio habanero de San Miguel del Padrón. A través de la plataforma ciudadana Nio Reportando Un Crimen, el padre denunció lo que califica como una «profunda injusticia», donde el presunto responsable no solo habría recibido una sanción insuficiente, sino que ha gozado de beneficios carcelarios que la familia ve como una burla a su dolor.
El acusado, identificado como Omar Jesús Castro Camejo, residente en la misma localidad, tenía antecedentes penales por consumo de sustancias, según la denuncia familiar. A pesar de esto y de la gravedad del hecho —un homicidio—, el fiscal solicitó durante el juicio una sanción de apenas 10 años de privación de libertad, una pena que la familia de la víctima considera irrisoria y desproporcionada al daño causado: la pérdida de una vida joven y el futuro de un niño de 6 años que quedó huérfano de padre.
La denuncia: una cadena de irregularidades y privilegios
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El relato de Eliester Guerra no se limita a cuestionar la leve pena, sino que describe un proceso judicial marcado por lo que percibe como privilegios para el acusado y obstáculos para la búsqueda de la verdad:
- Flexibilidades carcelarias tempranas: El padre afirma que, desde muy pronto, Castro Camejo habría recibido beneficios como traslados a campamentos penitenciarios (considerados de régimen más flexible), momentos de «libre movimiento» y, lo más grave, un periodo de 11 meses en que estuvo evadido, después de haber abandonado el lugar donde cumplía su sanción. Sorprendentemente, según la denuncia, este largo periodo de fuga no habría tenido consecuencias significativas en su proceso.
- Testigo clave ausente: Una de las mayores frustraciones para la familia fue la ausencia en el juicio de la que describen como la única testigo presencial directa: una joven que tenía un vínculo sentimental con la víctima. Su falta de testimonio dejó a la versión de la familia —que narra un ataque intencional y mortal— prácticamente sin respaldo formal ante el tribunal, debilitando gravemente su caso.
- Un sistema que protege al agresor: La conclusión desgarradora del padre es contundente: “Este país es un asco con las leyes hacia los asesinos. Por eso hay tanta gente que pierde la vida y tanta violencia”. Su declaración apunta a una percepción generalizada de que el sistema judicial cubano es blando con los delitos violentos, fomentando un clima de impunidad que alimenta más violencia.
El impacto humano: una familia destrozada y un niño marcado
Más allá de los tecnicismos legales, la denuncia pone rostro a las consecuencias de la violencia y la (presunta) impunidad. Eliester Alejandro no era una estadística; era un joven de 26 años, hijo y padre. Su muerte dejó un vacío irreparable y condenó a su hijo pequeño a crecer sin su padre. El dolor de Eliester Guerra se mezcla con la rabia de ver que, desde su perspectiva, quien causó este daño no enfrenta una consecuencia acorde.
La denuncia del padre Guerra es un caso testigo. Pone sobre la mesa preguntas incómodas sobre la independencia y efectividad de la fiscalía, sobre los beneficios penitenciarios para condenados por delitos graves, y sobre el acceso real a la justicia para las familias de las víctimas en un sistema opaco. No es solo la búsqueda de justicia por un hijo, es un desafío público a un aparato judicial que muchos cubanos perciben como disfuncional y divorciado de su sufrimiento.
Resumen: Eliester Guerra denunció públicamente que el presunto asesino de su hijo, Omar Jesús Castro Camejo, recibió solo 10 años de prisión y gozó de beneficios carcelarios como traslados a campamentos y periodos de fuga, a pesar de tener antecedentes. La familia alega que la única testigo no declaró, debilitando su caso, y acusa al sistema judicial de fomentar la impunidad y la violencia. Exigen una revisión del caso y justicia real.
Nota: Este clamor público expone la profunda desconfianza en el sistema judicial cubano, percibido como permisivo con los delincuentes violentos y fallido en brindar consuelo y justicia efectiva a las víctimas y sus familias, llevándolas a buscar reparación en la esfera pública y las redes ciudadanas.
