Desde España, la hermana del exministro Alejandro Gil Fernández califica el proceso de «juicio político» y promete agotar todas las vías legales, nacionales e internacionales, para revertir la sentencia.
La condena a cadena perpetua dictada contra el exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, ha encontrado una respuesta beligerante por parte de su familia. Lejos de aceptar el fallo del Tribunal Supremo Popular, sus allegados han anunciado el inicio de una «batalla legal» que planea extenderse desde los tribunales cubanos hasta instancias internacionales, con el objetivo declarado de demostrar su inocencia y denunciar lo que consideran un proceso viciado.
La voz pública de esta ofensiva es María Victoria Gil, hermana del condenado y conocida presentadora de televisión radicada en España. En declaraciones a medios independientes, Gil delineó una estrategia jurídica en dos fases bien definidas. En primer lugar, su defensa prepara el recurso de apelación correspondiente dentro del sistema judicial cubano. Sin embargo, anticipando un posible rechazo en la isla, la familia ya planea el segundo movimiento: una demanda ante organismos y cortes internacionales para denunciar las irregularidades del proceso.
María Victoria anunció que su hijo, abogado ejerciente en Europa, se incorporará activamente al equipo legal que llevará adelante esta estrategia, aportando, según ella, una perspectiva jurídica con estándares internacionales.
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Entre los aspectos del fallo que la familia rechaza con mayor vehemencia, destaca la acusación de espionaje. María Victoria Gil asegura que este cargo grave nunca fue sustentado con pruebas verificables presentadas de manera clara y accesible para la defensa. «Pueden acusar a cualquiera sin ofrecer hechos concretos. Eso no es justicia», afirmó, exigiendo además acceso a una copia íntegra y detallada de la sentencia, pues argumenta que la información divulgada por las autoridades ha sido insuficiente y ambigua, impidiendo un contraataque jurídico efectivo.
La narrativa familiar sostiene una tesis política para explicar la condena. Según María Victoria, Alejandro Gil no obtuvo beneficios ilícitos, sino que fue convertido en un chivo expiatorio dentro de una pugna interna en la cúpula del poder cubano. En su criterio, el desenlace del juicio estaba predeterminado antes incluso de su inicio, revelando un proceso motivado por «tensiones y ajustes de cuentas» al más alto nivel, más que por la búsqueda de justicia frente a delitos probados.
La presentadora también expuso una preocupación adicional: la situación de los familiares directos de Alejandro Gil que aún residen en Cuba. María Victoria sospecha que podrían estar siendo objeto de presión o coerción para evitar que se manifiesten públicamente en su defensa, lo que explicaría el notable silencio y la distancia que han mantenido estos desde el inicio del proceso judicial.
Este relato familiar choca frontalmente con la versión oficial emitida por el Tribunal Supremo Popular. La nota judicial detalló que Gil Fernández fue hallado culpable de una multiplicidad de delitos que incluyen, además de espionaje, cohecho, tráfico de influencias, falsificación de documentos, evasión fiscal y violación de normas sobre materiales clasificados. La acusación estatal pinta el perfil de un funcionario que, valiéndose de su alto cargo, manipuló procesos económicos, obtuvo beneficios personales y comprometió información sensible del Estado.
La confrontación entre ambas narrativas —la familiar, que habla de un juicio político sin pruebas, y la oficial, que describe un caso de corrupción y traición de alta gravedad— deja al descubierto una fractura profunda. Mientras las autoridades presentan el fallo como un acto de depuración y aplicación de la ley, la familia lo interpreta como un acto de represión y una farsa judicial.
Ante esta colisión, la familia Gil ha decidido no capitular. «No nos van a silenciar» y «No vamos a rendirnos» son las consignas que repite María Victoria, anunciando que agotarán todas las vías posibles. Este caso, que trasciende la figura individual del exministro, se perfila así como un prolongado pulso jurídico y político que podría tener ramificaciones tanto en el escenario interno cubano, poniendo a prueba la transparencia de su sistema judicial, como en el internacional, donde la familia buscará convertir el caso en un expediente de denuncia sobre el estado de derecho en la isla.
Resumen: La familia del exministro Alejandro Gil Fernández, a través de su hermana María Victoria Gil desde España, rechaza la condena a cadena perpetua y anuncia una batalla legal que incluirá apelación en Cuba y posterior denuncia ante cortes internacionales. Califican el proceso de «juicio político» sin pruebas, especialmente en la acusación de espionaje, y alegan que Gil fue un chivo expiatorio en luchas internas de poder. Su estrategia confronta directamente la versión oficial de un caso grave de corrupción y delitos contra la seguridad del Estado.
