La magistrada Indira Talwani anticipó una orden restrictiva temporal contra la terminación del FRP, un programa que beneficia a más de 10,000 familiares de ciudadanos y residentes, principalmente de Latinoamérica.
Una jueza federal de Estados Unidos anunció este viernes su intención de bloquear temporalmente los planes de la administración del presidente Donald Trump para poner fin al Programa de Permisos de Reunificación Familiar (FRP, por sus siglas en inglés), que otorga protecciones legales temporales a más de 10,000 familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes. La jueza Indira Talwani, del Distrito Federal, declaró durante una audiencia que planea emitir una orden de restricción temporal, aunque no especificó la fecha, cuestionando la forma en que el gobierno notificó la cancelación a los beneficiarios.
El programa FRP afecta a personas de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. La mayoría perdería su estatus legal el 14 de enero, después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), liderado por la secretaria Kristi Noem, cancelara las protecciones a finales del año pasado. Los demandantes, representados por el Justice Action Center, argumentaron que es «increíblemente inequitativo» que el gobierno, tras invitar a las personas a solicitar el programa, ahora «esté tendiendo trampas» entre ellos y la obtención de la residencia permanente.
«Estos beneficiarios de permisos no vinieron temporalmente; vinieron para comenzar sus nuevas vidas en Estados Unidos», señalaron los demandantes en su moción, destacando que han obtenido autorizaciones de trabajo, empleos y han inscrito a sus hijos en escuelas.
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El gobierno defendió su decisión, argumentando que la secretaria Noem tiene la autoridad para terminar cualquier programa de permisos y que dio un aviso adecuado al publicar la terminación en el Registro Federal. También alegó razones de seguridad nacional, afirmando que los beneficiarios no habían sido investigados debidamente, y que los recursos del programa serían mejor utilizados en otras áreas de inmigración. «El permiso puede ser cancelado en cualquier momento. Eso es lo que se está haciendo. No hay nada ilegal en eso», sostuvo la abogada del gobierno, Katie Rose Talley.
Sin embargo, la jueza Talwani reconoció que, si bien el gobierno puede terminar el programa, cuestionó la falta de notificación personalizada. Exigió pruebas de que se alertó a los beneficiarios mediante aviso escrito (carta o correo electrónico), y no solo mediante una publicación oficial. «Tengo un grupo de personas que están tratando de seguir la ley. Les estoy diciendo a ustedes que, nosotros como estadounidenses, Estados Unidos necesita hacerlo», manifestó la magistrada, mostrando empatía por la situación de incertidumbre de las familias.
Este caso se enmarca en una ofensiva más amplia de la administración Trump para eliminar protecciones migratorias temporales. Aunque los tribunales inferiores han tendido a respaldar estas protecciones, la Corte Suprema despejó el camino en mayo para que el gobierno revocara el estatus a cientos de miles de migrantes de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, exponiendo a casi un millón de personas a la deportación.
Resumen: Una jueza federal planea emitir una orden que frene temporalmente la cancelación del Programa de Permisos de Reunificación Familiar (FRP) por parte del gobierno de Trump, programa que protege a más de 10,000 inmigrantes latinoamericanos. La magistrada cuestionó la falta de notificación adecuada a los beneficiarios, quienes ya han establecido sus vidas en EE.UU., en un contexto de amplios esfuerzos gubernamentales por eliminar protecciones migratorias temporales.
Nota: La posible intervención judicial subraya, una vez más, el tenso tira y afloja entre el poder ejecutivo y el judicial en materia migratoria en EE.UU., donde las políticas de mano dura chocan con consideraciones de equidad procesal y estabilidad para miles de familias que han construido su vida en el país bajo estatus legales previamente otorgados.
