El arresto de Brian Cole Jr., un hombre descrito por su familia como «ingenuo» y con capacidades limitadas, plantea serias preguntas sobre la eficacia y las prioridades de la investigación federal en uno de los casos más sensibles de los últimos años.
La reciente detención del presunto responsable de colocar dos bombas de tubo en las sedes de los comités nacionales Demócrata y Republicano la víspera del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 ha desatado más interrogantes que respuestas. La imagen de Brian Cole Jr., un hombre afroamericano de 30 años descrito por su abuela como alguien con la mente de un «adolescente de 16 años», contrasta marcadamente con la de un criminal que evadió al FBI durante casi cinco años. Esta discrepancia ha llevado a algunos a sugerir la posibilidad de una «negligencia intencional» dentro de la agencia.

La investigación, según documentos del Congreso, contó desde sus primeras semanas con pistas significativas. Un informe presentado al tribunal muestra que el teléfono de Cole realizó transacciones de datos con torres celulares en el área exacta de los atentados la noche del 5 de enero. Para febrero de 2021, el FBI había identificado 186 números telefónicos de interés. Sin embargo, la pesquisa pareció perder impulso. Un reporte congresional señala que para finales de ese mismo mes, la oficina comenzó a desviar recursos activamente de este caso, mientras redoblaba esfuerzos para perseguir a cientos de personas por el allanamiento al Capitolio.
La explicación ofrecida por un exalto cargo del FBI, Steve D’Antuono, sobre «datos de celular corruptos» que habrían obstruido la investigación, fue contradicha por las propias compañías telefónicas, quienes afirmaron al Congreso no haber proporcionado información defectuosa ni haber recibido quejas al respecto. Asimismo, la calidad del material visual hecho público ha sido cuestionada. A pesar de tener acceso a unas 39.000 grabaciones, las imágenes liberadas por el FBI fueron de baja resolución, y un exfuncionario estatal ha señalado que en un video clave se observa un efecto de pixelación o desenfoque sobre los ojos del sospechoso.
Estas circunstancias han alimentado la teoría entre algunos círculos críticos de que el FBI, en un clima político altamente polarizado, pudo haber tenido pocos incentivos para resolver rápidamente un caso cuyo sospechoso principal, de resultar ser un hombre afroamericano, no encajaba en la narrativa predominante sobre el perfil de los alborotadores del 6 de enero. El arresto, aunque importante, llega tras un prolongado lapso que ha dejado una estela de dudas sobre si la búsqueda de la verdad fue siempre la prioridad absoluta en una investigación empañada por la politización.
Resumen: La demora de casi cinco años en la captura del sospechoso de un atentado con explosivos en el corazón de Washington D.C. expone fallas y contradicciones en la mayor investigación de la historia del FBI. Más allá de la detención, el caso deja al descubierto preguntas sin respuesta sobre el manejo de evidencia digital, la transparencia en las comunicaciones con el Congreso y la posible influencia de narrativas políticas en la asignación de recursos y prioridades investigativas.
Nota: Este episodio subraya cómo los casos de alta sensibilidad política pueden quedar atrapados en una compleja red donde los imperativos investigativos colisionan con los relatos públicos, erosionando la confianza pública en las instituciones encargadas de impartir justicia.














