Un testimonio enviado a nuestra redacción detalla irregularidades, desvío de recursos y tráfico de influencias bajo la dirección de funcionarios del Partido y el Gobierno provincial, y exige una auditoría externa.
Hemos recibido una extensa y detallada denuncia anónima de trabajadores de la Fábrica de Conservas de Yara, en la provincia de Granma. El documento, redactado por los propios obreros, expresa una profunda «desesperación» y acusa a varios funcionarios de la empresa estatal y del gobierno de estar involucrados en un presunto entramado de corrupción, desvío de recursos y encubrimiento, que ha dejado a los empleados «desamparados en las calles sin salarios ni respaldo en la producción».
«Pepe el Burro»
Núcleo de la Denuncia: Faltantes y un Desfalco
Los denunciantes aseguran que existe un faltante significativo de productos terminados y materias primas en la fábrica. Mencionan específicamente la ausencia de:
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- Jugos de la marca Taoro.
- Azúcar.
- Puré de frutas (este último, central en la acusación).
El hecho más grave denunciado es la venta y salida ilegal de un cargamento de puré. Según el testimonio, el producto fue sacado por la puerta principal en un carro particular. Para lograrlo, se habría elaborado un documento autorizativo (conocido coloquialmente como «conducto») que supuestamente justificaba una transacción por valor de un millón de pesos. Los trabajadores identifican a los presuntos responsables directos de esta operación:
- Yunieski García Pérez: Operador del montacargas que habría cargado el producto.
- Ramón Sellera Vázquez: Funcionario que, según la denuncia, elaboró el documento fraudulento.
- Raciel Peláez: Identificado como el «cuadro político» de alto nivel que autorizó la operación. Se le señala como la máxima figura involucrada.
Raciel Peláez
Los Acusados y sus Conexiones
La denuncia no se limita al hecho específico, sino que pinta un cuadro de una red de complicidades y protección institucional. Nombra a los siguientes individuos, a quienes se les atribuyen roles y conductas específicas:
- Raciel Peláez: Descrito como el ex «cuadro político» a cargo, del que se afirma dejó los faltantes al ser removido de su puesto. Se le acusa de tener una «relación íntima» (de complicidad y confianza) con Ramón Sellera desde su llegada al poder, y de ser el autorizador de los negocios irregulares.
- Ramón Sellera Vázquez: Señalado como el operador logístico de los presuntos manejos irregulares, elaborador de documentos falsos y estrecho colaborador de Raciel Peláez.
- Manuel Solano: Otro funcionario mencionado como responsable, junto a Raciel y Ramón, por conocer «todos los negocios oscuros».
- «Pepe el Burro»: Seudónimo con el que los denunciantes identifican al nuevo director o responsable actual asignado tras la salida de Raciel Peláez. Se le acusa de:
- Morosidad y encubrimiento: Postergar una auditoría o control interno («pospone el control para la próxima semana») para dar tiempo a sus predecesores de «arreglar los faltantes».
- Participación en el lucro: Los obreros «atestiguan que él participó del lucro y del dinero de la venta ilegal».
- Protección partidista: Se le describe como un «corrupto bajo la sombra del poder, protegido por el Partido Comunista de Cuba (PCC) y el gobierno de la provincia«.
Ramón Sellera Vázquez
La Evidencia y el Grito de Auxilio de los Obreros
Los denunciantes mencionan que el documento de salida falsificado («el papel de la puerta») fue recuperado por el Jefe de Seguridad de la Agencia, quien lo conserva «por si pasa algo o trasciende», lo que sugiere la existencia de una prueba física del presunto fraude.
La situación ha creado un clima de total desconfianza. Los trabajadores califican al nuevo director («Pepe») de «inescrupuloso con doble moral», «déspota» y afirman que «no es aceptado por la masa trabajadora». Sostienen que los salarios y la producción se han visto gravemente afectados por este clima de corrupción e impunidad.
Manuel Solano
La Exigencia Central: Una Auditoría Externa
Ante la desconfianza en los mecanismos internos del sistema estatal, la demanda principal de los obreros es clara y contundente: «Se exige una auditoría económica con personal que no sea del sistema». Esto refleja una profunda falta de fe en la capacidad o voluntad de las instituciones cubanas para investigarse a sí mismas y a sus cuadros dirigentes.
Resumen: Esta es una acusación grave que surge desde el corazón de una fábrica estatal en el oriente cubano. No es solo una queja por mal manejo, sino una descripción detallada de un presunto esquema de desfalco con nombres, apellidos, métodos y acusaciones de encubrimiento que llegan hasta las esferas del Partido y el gobierno provincial. Los trabajadores, sintiéndose traicionados y sin salario, apelan a la opinión pública como último recurso.
Nota (Aclaración Editorial): Publicamos esta denuncia en su forma anónima, como nos fue solicitada, tras realizar una limpieza mínima del texto original para facilitar su comprensión, respetando su contenido sustancial. No podemos verificar de manera independiente las acusaciones aquí expuestas. Sin embargo, consideramos que el relato, por su especificidad y gravedad, merece ser conocido. Hacemos un llamado a las autoridades del Gobierno y el Partido en Granma, a la Contraloría General de la República y al Ministerio de la Industria Alimentaria para que investiguen de inmediato y con total transparencia las acusaciones de corrupción, desvío de recursos y perjuicio a los trabajadores en la Fábrica de Conservas de Yara. La justicia y el sustento de decenas de familias están en juego.
