El cese de Billy Long como director del Servicio Interno de Impuestos (IRS) de Estados Unidos se produce tras una tensa situación entre la agencia tributaria y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El detonante de esta controversia fue la solicitud del DHS para acceder a datos sensibles y privados de contribuyentes con el fin de verificar las direcciones de personas inmigrantes indocumentadas. Esta petición excedería el acuerdo preexistente para la colaboración de la agencia tributaria en procesos de deportación, según informó el Washington Post.
Controversia sobre el uso de datos fiscales para deportaciones
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) buscaba confirmar la presencia de unos 40.000 indocumentados en territorio estadounidense, solicitando al IRS información personal de estos contribuyentes. Inicialmente, el IRS colaboró, identificando a un pequeño porcentaje de los individuos listados, principalmente aquellos que utilizaban un número de identificación fiscal ITIN (Individual Taxpayer Identification Number), herramienta que permite a los inmigrantes indocumentados trabajar y pagar impuestos en el país.
Sin embargo, la situación escaló cuando el DHS amplió su solicitud, pidiendo acceso a datos de declaraciones de impuestos de personas que habían reclamado ciertas exenciones fiscales, a las cuales, según su estatus migratorio, no tendrían derecho. Esta solicitud generó una fuerte oposición interna en el IRS, con altos funcionarios expresando preocupación por la exposición de información fiscal confidencial y la potencial violación de derechos de privacidad.
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Consecuencias y posicionamientos
La medida del DHS, que busca una mayor colaboración del IRS en la campaña de deportaciones impulsada por la Administración Trump, ha sido vista por expertos en privacidad tributaria como una extralimitación que podría disuadir a los inmigrantes de cumplir con sus obligaciones fiscales.
Billy Long, jefe del IRS, habría manifestado internamente su reticencia a compartir información fiscal más allá de los acuerdos previamente establecidos con el DHS en abril. Aunque su cese no ha sido confirmado oficialmente como una consecuencia directa de este desacuerdo, fuentes citadas por el Washington Post sugieren una posible relación.
Por su parte, la Casa Blanca defendió las acciones del DHS, señalando que la Administración Trump está trabajando para romper «silos de información» y evitar que los inmigrantes indocumentados se beneficien de sistemas diseñados para contribuyentes que cumplen con la ley. La tensión entre ambas agencias subraya el debate sobre el equilibrio entre la aplicación de la ley de inmigración y la protección de la privacidad de los contribuyentes.
