Una jueza federal determinó que la cancelación del programa por la administración Trump fue ilegal, devolviendo la protección temporal a miles de migrantes.
San Francisco, 6 de enero de 2026. Una orden judicial emitida en la víspera de Año Nuevo ha devuelto la esperanza a unas 60,000 personas de Honduras, Nicaragua y Nepal que estaban amenazadas con la deportación tras la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) el pasado septiembre. La jueza federal Trina L. Thompson dictaminó que la decisión de la administración Trump fue ilegal, restaurando así la vigencia del programa para estos tres países.
⚖️ Un Fallo por Irregularidades Administrativas
En una detallada orden de 52 páginas, la jueza Thompson determinó que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tomó una «decisión predeterminada» para poner fin al programa e «influyó en el proceso de revisión» de las condiciones en esos países para facilitar la cancelación. El tribunal concluyó que Noem incumplió la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), al no realizar una revisión exhaustiva de los hechos y limitar la consulta con el Departamento de Estado para lograr el resultado deseado de cancelar el alivio migratorio.
Te Puede Interesar:
😌 Alivio y Alegría en la Comunidad Migrante
La noticia fue recibida con inmenso alivio por los beneficiarios, quienes desde septiembre vivían en zozobra.
- Francis García, hondureña de 49 años, expresó: «Recibo esta noticia con felicidad y un alivio… Te da un poquito de tranquilidad andar con el Real ID». Sus documentos de conducir y identificación estaban vencidos desde noviembre.
- Jhony Silva, un demandante hondureño de 29 años que llegó a EE.UU. a los tres años, perdió su trabajo como asistente de enfermería y tuvo que interrumpir sus estudios. «Espero que esto signifique que mi hijo y yo podamos estar seguros… por el momento».
🛡️ Qué Significa el Fallo: Protección Restaurada
La abogada de inmigración Elizabeth Uribe explicó las implicaciones inmediatas:
- Protección laboral: Los empleadores no pueden despedir a los beneficiarios por falta de autorización de trabajo.
- Protección contra deportación: El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no debe tomar acción contra estas personas.
- Renovación de documentos: Se espera que el USCIS emita instrucciones para que los beneficiarios puedan renovar sus permisos de trabajo, licencias y Real ID.
📜 Contexto: Un Programa Humanitario en la Mira
El TPS fue otorgado a hondureños y nicaragüenses tras la devastación del huracán Mitch en 1998, y a nepaleses después del terremoto de 2015. Proporciona permisos de trabajo y protección contra la deportación. La administración Trump canceló el programa para estos países el 8 de septiembre de 2025, argumentando que las condiciones que motivaron su designación habían mejorado.
La demanda fue presentada en julio por la Alianza Nacional TPS y siete beneficiarios, representados por organizaciones como la ACLU, la Red Nacional de Jornaleros y el Centro de Derecho de Inmigración de la UCLA.
⚠️ La Lucha No Termina: Posible Apelación
Los defensores advierten que la victoria es temporal. «La resolución… no es definitiva», señala el reporte, y existe una alta probabilidad de que la administración Trump apele la decisión.
Emi MacLean, abogada de la ACLU, fue contundente: «La secretaria Noem debe cumplir la ley. Este tribunal determinó que las pruebas demuestran de forma contundente que no lo hizo… La ley del TPS ha brindado protección humanitaria esencial durante 35 años. No se puede ignorar tan fácilmente».
Resumen: Una jueza federal ha bloqueado la cancelación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal, dictaminando que el proceso fue ilegal y estuvo viciado por una decisión predeterminada del gobierno de Trump. La orden restaura temporalmente la protección contra la deportación y el permiso de trabajo a unos 60,000 migrantes, brindándoles un crucial respiro. Sin embargo, la batalla legal continúa, ya se espera una apelación del gobierno.
Nota: Este fallo judicial es un recordatorio del papel crucial de los tribunales como contrapeso a las políticas migratorias ejecutivas. Mientras la administración Trump busca limitar drásticamente la inmigración legal y humanitaria, las cortes han sido, en múltiples ocasiones, la última línea de defensa para comunidades migrantes establecidas. La orden de la jueza Thompson no resuelve el estatus permanente de estos 60,000 individuos, pero les compra tiempo y legitimidad en su lucha por permanecer en el único país que muchos de ellos conocen como hogar.
