El estado de Florida recibió $38.5 millones del gobierno federal para intensificar operativos de inmigración a través del programa 287(g), que capacita y autoriza a policías locales para realizar funciones de control migratorio.
El gobernador Ron DeSantis destacó que el estado cuenta con más de 4.700 oficiales adscritos al programa, la cifra más alta a nivel nacional. Los fondos se destinarán a transporte, equipamiento y compensaciones para las agencias participantes.
No obstante, defensores de migrantes alertan sobre el riesgo de redadas indiscriminadas. “Esto puede derivar en la detención de personas sin antecedentes, solo por su estatus migratorio”, advirtió el abogado John de la Vega.
Mientras Florida amplía su capacidad de deportación, crece la preocupación por el debido proceso y el impacto en comunidades migrantes.
