Un nuevo proyecto de ley busca prohibir cuentas bancarias, remesas y licencias, además de responsabilizar automáticamente a los indocumentados en accidentes de tránsito, en una de las medidas más severas del país.
El estado de Florida avanza hacia la implementación de una de las medidas más duras contra la inmigración irregular en Estados Unidos. Un nuevo proyecto de ley presentado en la legislatura estatal propone un endurecimiento sin precedentes que limitaría drásticamente el acceso de los inmigrantes indocumentados a servicios financieros, derechos administrativos y protecciones legales básicas, buscando efectivamente excluirlos de la vida económica formal.
La iniciativa, detallada por el periodista Mario Vallejo, contempla la prohibición de que las personas en situación migratoria irregular puedan enviar remesas, abrir o mantener cuentas bancarias, solicitar préstamos, acceder a programas de asistencia para vivienda o tramitar licencias oficiales. De aprobarse, estas disposiciones cerrarían vías esenciales que actualmente permiten a miles de inmigrantes subsistir y contribuir a la economía del estado.
Uno de los puntos más polémicos se refiere a los accidentes de tráfico. El texto establece que cualquier inmigrante indocumentado involucrado en un siniestro automovilístico sería considerado automáticamente responsable ante las aseguradoras, eliminando su derecho a disputas legales o a presentar atenuantes. Según los promotores de la ley, esto busca acabar con «vacíos legales» en las reclamaciones.
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El proyecto también apunta al ámbito laboral, con un endurecimiento significativo de las sanciones para las empresas que contraten de forma consciente a trabajadores indocumentados. Esto incluye multas más elevadas y posibles consecuencias legales, trasladando una mayor carga de responsabilidad a los empleadores para disuadir la contratación irregular.
Los impulsores de la medida argumentan que su objetivo es enviar un «mensaje claro y firme» de que Florida no será tolerante con la inmigración ilegal. Sin embargo, los críticos advierten que las consecuencias podrían ser profundas, afectando no solo a las comunidades inmigrantes —sumiéndolas en una mayor precariedad y exclusión— sino también a sectores productivos clave del estado que dependen de esta mano de obra, como la agricultura, la construcción y los servicios.
El debate legislativo se perfila como intenso y de repercusión nacional, ya que, de ser aprobada, Florida se convertiría en uno de los estados con la legislación migratoria más restrictiva del país, marcando un nuevo hito en la polarizada política estadounidense sobre inmigración.
Resumen: Florida evalúa una ley que prohibiría a los inmigrantes indocumentados acceder a servicios bancarios, enviar remesas, obtener licencias y disputar responsabilidad en accidentes de tránsito, mientras endurece las sanciones a empleadores. La medida, una de las más duras del país, busca excluir a esta población de la vida económica formal.
Nota: Esta propuesta radical refleja una estrategia de máxima presión para forzar la autodeportación mediante la asfixia económica y legal, pero su implementación podría generar graves disrupciones sociales y económicas, enfrentando desafíos constitucionales y profundizando la división en un estado donde la inmigración es un pilar de la fuerza laboral.
