Votantes del condado respaldan su gestión en general, pero rechazan mayoritariamente el fin del TPS para venezolanos y la cesión de terreno del Miami Dade College para su biblioteca presidencial.
Una encuesta realizada por Bendixen & Amandi entre 600 votantes del condado Miami-Dade revela una paradoja política: mientras el 46% aprueba la gestión del presidente Donald Trump, amplias mayorías se oponen a medidas concretas de su agenda, como la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y la cesión de un terreno del Miami Dade College para la construcción de su biblioteca presidencial.
El sondeo, divulgado por The Miami Herald, muestra que solo el 35% de los encuestados apoya eliminar el TPS para venezolanos, una política que afectaría a miles de migrantes residentes en el sur de la Florida. Incluso entre los votantes republicanos, mientras el 91% aprueba a Trump, solo el 68% respalda el fin de esta protección migratoria.
En cuanto al polémico proyecto de la biblioteca presidencial de Trump, el 74% de los consultados considera que el terreno adyacente a la Torre de la Libertad debió permanecer en manos del Miami Dade College. Menos del 15% apoya su cesión al Estado, una postura que comparte el 59% de los republicanos encuestados. La transferencia de este espacio, aprobada en una reunión extraordinaria y sin debate público, ha generado un amplio rechazo por percibirse como poco transparente.
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En el ámbito de liderazgo local, la alcaldesa Daniella Levine Cava supera en aprobación a figuras nacionales, con un 54%, por encima de Trump (46%) y del gobernador Ron DeSantis (47%). La encuesta también refleja un clima de autocensura en las redes sociales: solo el 40% de los votantes se siente libre de expresar sus opiniones en plataformas digitales sin temor a represalias, un sentimiento más marcado entre demócratas que entre republicanos.
Los resultados pintan un electorado pragmático, que distingue entre la figura del presidente y sus políticas específicas, y que valora la transparencia en la gestión de bienes públicos y la protección a comunidades migrantes.
