Las autoridades multaron a los vendedores y destinaron los productos a escuelas y centros de asistencia social, en medio de una crítica escasez alimentaria que empuja a la economía informal.
Un operativo conjunto de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Dirección Integral de Supervisión y Control (DISC) en el céntrico municipio Plaza de la Revolución resultó en el decomiso de cuatro carretillas y más de una tonelada de productos agrícolas que se comercializaban de manera informal cerca del Mercado de 17 y K, en el Vedado.
La acción, presentada por el medio oficial Tribuna de La Habana como un «control popular», incluyó la imposición de 10 multas por un total de 173,000 pesos cubanos a los vendedores, quienes fueron catalogados como «revendedores ilegales».
Los productos decomisados:
Entre la mercancía incautada se enumeraron cantidades específicas (en libras y unidades) de una amplia variedad de alimentos, lo que evidencia la escala de la venta informal. Los productos incluían:
- Verduras y viandas: Col, tomate, malanga, pimiento, cebolla, papa, pepino, zanahoria.
- Frutas: Guayaba, aguacate, fruta bomba (papaya), limón, piña, plátano fruta, plátano vianda.
Destino de la mercancía y justificación oficial:
Pedro Lizardo Garcés Escalona, presidente del Consejo Popular Rampa, informó a través de Facebook que los alimentos decomisados fueron destinados a instituciones sociales del territorio:
- Escuelas primarias Arturo Montori y Orlando Pantoja.
- Círculo infantil Soldaditos.
- Sistema de Atención a la Familia (SAF) El Rampeño.
Las autoridades justifican estos operativos como necesarios para combatir la «especulación» y el «desorden», y destacan el fin social de lo incautado.
La contradicción en medio de la crisis:
El operativo se produce en el contexto de una grave crisis alimentaria nacional, caracterizada por:
- Escasez crónica y desabastecimiento en los mercados estatales (agropecuarios y de oferta y demanda).
- Precios elevadísimos que colocan muchos alimentos fuera del alcance del salario promedio.
- Una dependencia creciente de la población del mercado informal (o «mercado negro») para acceder a productos básicos.
Esta realidad genera una profunda contradicción: mientras el Estado decomisa alimentos de la vía informal argumentando legalidad, es la insuficiencia del sistema estatal de abastecimiento la que origina y alimenta ese mismo mercado paralelo. Para muchos vecinos y consumidores, estos operativos no resuelven el problema de fondo (la producción y distribución) y, en cambio, reducen aún más las opciones de compra inmediata, afectando tanto a los vendedores (a menudo pequeños productores o intermediarios) como a las familias que dependen de ellos.
Resumen: Un operativo policial en el Vedado decomisó más de una tonelada de alimentos y cuatro carretillas a vendedores informales, imponiendo multas. Los productos fueron enviados a escuelas y centros sociales. La acción ocurre mientras la crisis alimentaria empuja a la población a depender del mismo mercado informal que el gobierno reprime.
Nota final: Estos decomisos masivos son el síntoma de un fallo sistémico. Exhiben la paradoja de un Estado que, incapaz de garantizar el abastecimiento estable y asequible, criminaliza a quienes suplen esa falla, aunque sea de manera precaria y a precios altos. Mientras los alimentos terminan en instituciones sociales —una destinación loable en sí misma—, la pregunta que queda flotando en el aire es por qué no llegan allí, o a los hogares, a través de canales normales y abundantes. La represión al «revendedor» no solucionará la escasez; solo evidencia, una vez más, que la crisis alimentaria cubana se combate con más agricultura y menos policía.














