En un extenso reportaje oficial, el Ministerio de Salud reconoce un «desabastecimiento prácticamente total» pero centra su respuesta en más controles e inspecciones policiales, evitando una autocrítica sobre ineficiencia y corrupción interna
El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) ha ofrecido su diagnóstico oficial sobre la crítica escasez de medicamentos que sufre Cuba, atribuyéndola principalmente al embargo estadounidense y a las dificultades financieras internacionales. Sin embargo, en un extenso reportaje publicado en el medio oficialista Cubadebate, las autoridades sanitarias evitaron asumir responsabilidades por los graves problemas de gestión, corrupción y obsolescencia que han llevado al sistema farmacéutico nacional al borde del colapso.
El reconocimiento oficial de la crisis:
Funcionarias del MINSAP, como la directora de Medicamentos, Cristina Lara Bastanzuri, y la jefa de Farmacias, Maylin Beltrán Delgado, admitieron ante Cubadebate una realidad que los cubanos enfrentan a diario:
- Un «desabastecimiento prácticamente total» en la red de farmacias comunitarias.
- La falta de garantía para la entrega regular incluso de medicamentos controlados para pacientes crónicos.
La explicación oficial y sus omisiones:
El ministerio presentó un análisis parcial de la crisis:
- Causas externas (énfasis oficial): Se culpó al bloqueo económico de EE.UU., la falta de financiamiento, la retirada de proveedores y las trabas bancarias para pagos internacionales.
- Causas internas (omitidas o minimizadas): El reporte oficial evitó mencionar o profundizar en factores endémicos como:
- Las deudas impagas con proveedores clave (India, China, España).
- La obsolescencia tecnológica y la falta de mantenimiento en la industria nacional (BioCubaFarma).
- Los históricos problemas de ineficiencia logística y corrupción dentro del sector estatal.
- La centralización absoluta que impide la participación del sector privado en la importación o fabricación legal de medicamentos.
La «respuesta institucional»: más control, menos solución:
En lugar de anunciar un plan creíble para reactivar la producción o diversificar el suministro, el MINSAP centró su discurso en la vigilancia y el castigo:
- Se presumió de haber realizado más de 5,000 inspecciones en farmacias.
- Se destacó la coordinación con el MININT (Ministerio del Interior) para combatir la venta ilegal.
- Se advirtió que quienes revendan fármacos controlados podrían ser procesados por tráfico de drogas, una medida que muchos ven como la criminalización de la búsqueda de supervivencia ante la escasez estatal.
- Se presentaron como logros medidas paliativas como la venta por consultorios, los turnos para evitar colas, la promoción de la medicina natural y el comercio electrónico en algunas farmacias, sin abordar el problema de fondo: la falta de medicamentos.
La dimensión real de la crisis:
Fuentes del sector estiman que más del 70% del cuadro básico de medicamentos está en falta, con ciclos de reposición que han pasado de 12-15 días a 60 días o más. Esta escasez ha creado un mercado negro donde los precios se multiplican por diez y ha dejado a pacientes con enfermedades crónicas en una situación de riesgo y desamparo.
Análisis: Un diagnóstico que evita la autocrítica:
La versión oficial confirma los síntomas pero no las causas profundas. Al insistir en el embargo como explicación única, el MINSAP evade su responsabilidad en la mala gestión de un monopolio estatal ineficiente. La respuesta basada en más control policial y administrativo parece apuntar más a controlar a una población desesperada que a resolver estructuralmente el desabastecimiento. Se habla de «soberanía farmacéutica» mientras el sistema depende de importaciones que no puede pagar y una industria nacional que no logra despegar.
Resumen: El reporte del MINSAP en Cubadebate es un espejo de la crisis misma: reconoce la gravedad, pero la narrativa está construida para descargar la responsabilidad en un factor externo. Mientras, evita la transparencia sobre la deuda farmacéutica, la corrupción interna y la necesidad de reformas estructurales que podrían incluir mayor autonomía, participación privada controlada y una gestión descentralizada. La población, atrapada entre la escasez oficial y el mercado ilegal, sigue sin ver un camino claro hacia la solución. La credibilidad del sistema de salud no se recuperará con más inspecciones, sino con medicamentos en los estantes. Hasta que el diagnóstico oficial no incluya una autocrítica sincera, las «respuestas institucionales» seguirán siendo parches que no curan la enfermedad de fondo.














