Un denunciante precisa que Bárbara es jefa de inspectores, no directora, y revela que su actual marido, Jeicer Varona, fue puesto como administrador de la panadería «La Victoria» tras estar 5 años preso por desfalco. Ella prohíbe las inspecciones al local.
LMS recibe una ampliación precisa y con datos nuevos sobre la denuncia anteriormente publicada contra Bárbara Reyes García, funcionaria de la Dirección de Inspección Estatal (DIS) en Manzanillo, Granma. El nuevo denunciante, que pide estricto anonimato, corrige un dato y aporta información crucial sobre su entorno familiar y su mecanismo de impunidad.
🔍 Corrección y Nuevas Revelaciones Clave:
- Corrección de Cargo: Se precisa que Bárbara Reyes no es la directora de la DIS, sino la «Jefa de un grupo de inspectores» de dicha institución. Esto no reduce su poder operativo para extorsionar, como se denunció.
- El Esposo-Administrador (Nueva Información):
- Se identifica a su actual marido como Jeicer Varona.
- Jeicer Varona es el administrador de la panadería «La Victoria», ubicada en Caymare, Manzanillo.
- Fue puesto en ese cargo por ella, en coordinación con el director de Pan y Dulce de Manzanillo.
- Dato crucial: Jeicer Varona estuvo 5 años PRESO por apropiarse de bienes del Estado.
- Mecanismo de Protección y Encubrimiento:
- Bárbara «le tiene prohibido a los inspectores que visiten esa Panadería», creando un feudo blindado a la inspección para el negocio de su esposo exconvicto.
- En la panadería «hay un desfalco grande», que se realiza bajo esta protección.
- Bárbara está «protegida por el intendente de Manzanillo y otros funcionarios», lo que explica su impunidad y arrogancia (ser «la diosa de Manzanillo»).
Resumen: Un nuevo denunciante amplía el perfil de Bárbara Reyes (DIS Manzanillo), revelando que su esposo, Jeicer Varona, es un exconvicto por delitos económicos contra el Estado que ahora administra, gracias a su influencia, la panadería «La Victoria». Bárbara utiliza su autoridad como jefa de inspectores para prohibir cualquier inspección al negocio familiar, mientras cuenta con la protección del intendente municipal. Esto convierte la denuncia inicial en un caso aún más escandaloso de uso del cargo público para encubrir y beneficiar negocios privados ilegales de familiares con antecedentes penales.
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Nota: Esta ampliación es devastadora. Pinta un cuadro de mafia familiar institucionalizada. No solo se extorsiona a TCP desde la DIS, sino que se usa el poder inspector para proteger un centro de desfalco manejado por un familiar reincidente.
