Mientras reconoce crisis de servicios básicos, el gobernante criminaliza las protestas ciudadanas y anuncia controles más estrictos
El gobernante Miguel Díaz-Canel advirtió que el Gobierno tomará medidas contra quienes cierren vías públicas durante protestas en la capital, al calificar de «inadmisible» el desorden público.
El mensaje se produjo en una reunión de seguimiento a la crisis de agua, electricidad y basura que golpea a La Habana, y llega tras varios días de tensión vecinal y quejas por servicios básicos.
«Los reclamos de la población son legítimos, pero tienen que hacerse en los lugares establecidos: en el Partido, en las instituciones del Gobierno y del Estado. Nadie está autorizado a cerrar una vía pública… se tomarán medidas al respecto», dijo el gobernante, en un llamado que llega tras varios días de tensión ciudadana.
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Díaz-Canel sostuvo que «todos los organismos, instituciones y estructuras partidistas» están volcados a la capital y reconoció que los problemas «son de envergadura» y «no se resuelven en un fin de semana», por lo que exigió sistematicidad en el trabajo. También admitió «problemas acumulados de organización» detectados en la actual operación de apoyo.
Entre las medidas de control anunciadas, ordenó inspeccionar a los centros del sector no estatal para verificar el cumplimiento de los planes de consumo eléctrico y advirtió que «lugar que incumpla su plan se cierra». Además, pidió montar un sistema de control del combustible asignado a la capital.
En cuanto al abastecimiento de agua, orientó priorizar los sitios con más tiempo de afectación y vincular a la población en las labores de limpieza y embellecimiento, así como movilizar a los centros de trabajo para que apoyen a sus comunidades en esas tareas.
El enfoque criminaliza la protesta ciudadana —una válvula de escape en un contexto de carencias— y desplaza la discusión de fondo: apagones prolongados, intermitencia del abasto de agua y acumulación de desechos en barrios enteros.
