Fotografías desde Bayamo desmienten la versión oficial y revelan un sistema sanitario en estado de emergencia.
Nuevas y estremecedoras imágenes del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, han puesto al descubierto la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud cubano, contradiciendo frontalmente las versiones minimizadoras de las autoridades. Las fotografías, difundidas por activistas y médicos, muestran a pacientes tendidos en el suelo, camillas improvisadas, falta de camas, equipos de oxígeno en condiciones precarias y familiares sumidos en la desesperación.
El médico y activista Alexander Figueredo acompañó las imágenes con un crudo mensaje: «Pacientes tirados en el piso, ancianos agonizando en el cemento, mujeres desmayadas sin una camilla. Un país convertido en una morgue ambulante».
Frente a esta evidencia visual, la respuesta oficial del Sectorial Provincial de Salud de Granma en redes sociales fue «escasos recursos», pero insistió en que «ningún paciente queda sin atención». Esta negativa a admitir la magnitud del colapso genera un choque entre la realidad que vive la población y el discurso estatal que intenta mantener la fachada de una «potencia médica».
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Las propias imágenes publicadas por la institución oficialista, lejos de tranquilizar, retratan escenas descritas por los usuarios como propias de «escenarios de guerra», un término que resulta trágicamente irónico para un país que no está en conflicto armado.
Este testimonio visual no surge en el vacío. Ocurre en medio de una grave crisis epidemiológica por arbovirosis (dengue, chikungunya y Oropouche) que satura aún más un sistema ya de por sí desbordado. En julio de 2025, el propio ministro de Salud Pública reconoció un sistema con «cobertura de medicamentos apenas al 30%» y hospitales con carencias estructurales graves.
Las imágenes de Bayamo son, por tanto, la punta del iceberg de un problema sistémico: hospitales que no pueden garantizar condiciones mínimas de higiene, infraestructura o suministros básicos en un momento en el que más se necesitan. La negación oficial no solo agrava la crisis sanitaria, sino que se convierte en una violación más a los derechos humanos de un pueblo que exige, con urgencia, transparencia y una atención médica digna.
