Una fuente anónima pide a la Fiscalía una verificación fiscal urgente, detallando un presunto esquema de robo mediante tarjetas de combustible asignadas a vehículos inoperativos y sobornos por autorizaciones
Una nueva y detallada denuncia anónima ha sido presentada contra Lázaro Gómez, Intendente del municipio Yara, en la provincia Granma. La acusación central lo señala como el presunto cerebro de una red organizada para el desvío, venta ilegal y lucro personal con combustible del Estado (gasolina y diésel), utilizando para ello tarjetas magnéticas del gobierno. La denunciante exige una verificación fiscal urgente y ofrece pistas concretas para la investigación.
El mecanismo del presunto desvío, según la denuncia:
- Origen del combustible: Se utilizan tarjetas de combustible del gobierno que son cargadas por indicación del propio Intendente Lázaro Gómez.
- Vehículos «fantasma»: Estas tarjetas están asignadas a vehículos oficiales que se encuentran parados por diversas causas (falta de neumáticos, motores dañados, etc.). Es decir, el combustible se solicita y extrae para unidades que no están en funcionamiento.
- Extracción fraudulenta: La cantidad de combustible extraída con estas tarjetas nunca coincide con la capacidad del tanque del vehículo asignado. Según la denuncia, siempre se extraen 80 a 120 litros adicionales, los cuales son sustraídos en pomos o bidones y escondidos en los maleteros de los automóviles.
- Red de ejecución: El Intendente no actuaría solo. La denuncia nombra a «Julito», su chofer, como uno de sus «secuaces» en la ejecución de este esquema. El combustible desviado es posteriormente vendido en el mercado negro para lucro personal.
Otras acusaciones de enriquecimiento ilícito:
La denuncia amplía el espectro de irregularidades atribuidas a Lázaro Gómez:
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- Sobornos por autorizaciones: Se le acusa de cobrar entre 30,000 y 50,000 pesos cubanos por firmar autorizaciones para el traslado de mercancías a otras provincias, otro flujo de dinero ilegal.
- Enriquecimiento visible: La fuente advierte que pronto se le verá en una moto importada y cuestiona abiertamente: «todos deberían preguntarse con su salario se la pudo comprar», sugiriendo que la adquisición se financiaría con los ingresos de estas actividades ilícitas.
La evidencia solicitada y la exigencia:
La denunciante no solo describe el modus operandi, sino que indica la ruta de investigación y hace una exigencia formal:
- Pruebas a revisar: Pide que se ocupen y examinen de inmediato:
- Los chips de las tarjetas de combustible.
- Las hojas de ruta de los vehículos.
- Los destinos y prioridades de trabajo registrados.
- La documentación de los viajes autorizados.
- Pedido formal: La demanda es clara y directa: «Se exige una verificación fiscal urgente» por parte de las autoridades competentes, empezando por la Fiscalía.
Nota: Esta denuncia es la segunda en poco tiempo que apunta a una presunta estructura de corrupción liderada por el Intendente de Yara. La especificidad de los detalles operativos (mecanismo de extracción, montos, cómplices nombrados) le otorga una gravedad particular y la convierte en una hoja de ruta investigativa clara. La ciudadanía tiene derecho a que los recursos públicos, especialmente uno tan vital y escaso como el combustible, se administren con transparencia y para el bien común, no para el enriquecimiento de unos pocos. La exigencia de una verificación fiscal inmediata es el único camino para esclarecer estos señalamientos, determinar responsabilidades y, de ser ciertos, aplicar el peso de la ley. Las autoridades provinciales y nacionales tienen ante sí una acusación concreta que no puede quedar en el silencio. La credibilidad de las instituciones está en juego.
