Niurka Alarcón Gómez, Primera Secretaria del PCC en Yara, es señalada de amenazar y presionar a una trabajadora para que asuma un faltante de las bonificaciones de militantes jubilados.
Una grave denuncia de presunta extorsión, amenazas y encubrimiento involucra a altas dirigentes del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia de Granma. Familiares y amigos de la ciudadana Nelvis Blanco han hecho pública una situación que, aseguran, se ha mantenido oculta durante más de dos meses y medio, y en la que responsabilizan directamente a Niurka Alarcón Gómez, Primera Secretaria del PCC en el municipio de Yara.
El Hecho Central: El Faltante de las Bonificaciones
La situación estalló al descubrirse un faltante de 180,000 pesos del fondo destinado al pago de las bonificaciones de los militantes del partido que se encuentran jubilados. Este dinero, de carácter sensible por afectar a adultos mayores, desapareció bajo circunstancias que aún no se han aclarado públicamente.
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El Modus Operandi: Presión, Amenazas y el Chivo Expiatorio
Según relatan los denunciantes, en lugar de investigar transparentemente lo sucedido, se inició una campaña interna para encontrar un responsable que absorbiera la culpa. La señala recayó sobre Nelvis Blanco, quien se desempeñaba como económica del PCC en la estructura municipal.
- Acoso y Amenazas Directas: La denuncia especifica que Niurka Alarcón Gómez ejerció una presión constante sobre Nelvis Blanco. La acusó directamente del faltante y la amenazó con presentar una denuncia formal en la Fiscalía en su contra si no reponía de su propio bolsillo la totalidad del dinero desaparecido.
- Intimidación Sostenida: El acoso habría sido continuo, creando un ambiente de miedo e intimidación para forzar a Blanco a asumir una responsabilidad que, según los denunciantes, no es únicamente suya. Se alega que Alarcón Gómez actuó con un alto nivel de «cogesión» (coacción), amedrentando a la trabajadora.
- La Estrategia del Silencio: El caso se manejó de manera interna y silenciosa durante más de dos meses y medio, con el aparente objetivo de evitar un escándalo que perjudicara la imagen de los dirigentes del partido. Solo comenzó a salir a la luz cuando páginas independientes y medios de la sociedad civil comenzaron a darle seguimiento.
La Cadena de Encubrimiento: Más Responsables al Descubierto
La denuncia no se limita a Niurka Alarcón. Los familiares señalan una cadena de encubrimiento y negligencia que involucra a más personas:
- El Equipo de Auditoría: Se cuestiona por qué los auditores internos que revisaron las cuentas no denunciaron el hecho a las autoridades correspondientes, incumpliendo su deber.
- Yudelkis Ortíz Barceló (Tania la Guerrillera): Como Primera Secretaria del PCC en la provincia de Granma, se le acusa de no haber exigido una investigación transparente y de haber permitido que el caso se manejara de forma opaca bajo su jurisdicción. Su inacción, alegan los denunciantes, la hace cómplice del encubrimiento.
La Denuncia Final y la Responsabilidad Real
Los denunciantes son enfáticos en un punto crucial: «hay responsables que no se llaman Nelvis Blanco». Con esta frase, subrayan que la trabajadora estaría siendo utilizada como un chivo expiatorio para proteger a otros posibles implicados en la desaparición del dinero o en la orchestración del encubrimiento.
Conclusión de los Denunciantes: «El delito de ocultar, de no denunciar, recae en varias personas… todavía queda mucha tela por donde cortar».
Un Llamado a la Conciencia Pública
Esta denuncia se publica como un llamado de auxilio y una exigencia de justicia. La familia de Nelvis Blanco teme por su integridad física y psíquica, y responsabilizan a Niurka Alarcón de «lo que le pueda pasar» si algo ocurre. Piden que la ciudadanía conozca los hechos y que las autoridades competentes investiguen no solo el faltante, sino también las presuntas acciones de coacción, amenaza y encubrimiento por parte de las dirigentes partidistas.
Nota de la Redacción: Esta publicación reproduce una denuncia ciudadana recibida por nuestra redacción. Hacemos un llamado a las autoridades a investigar exhaustivamente estos hechos denunciados para esclarecer la verdad y garantizar que no prevalezca la impunidad.
