Trabajadores, temiendo represalias, detallan presuntos manejos ilegales de jefas, técnicos y asesores; mencionan venta de espacios en albergues, legalización de viviendas por dinero, facturas millonarias falsas e inspecciones amañadas con el DTI.
Una denuncia anónima de extrema gravedad ha llegado a la redacción de LMS, procedente presumiblemente de trabajadores de la Dirección Municipal de la Vivienda en el municipio Cerro. La fuente, que pide anonimato, expone una serie de acusaciones estructuradas contra una red de funcionarios que, según alega, ha operado con impunidad durante años, involucrando fraude, tráfico de influencias, desvío de recursos y abuso de poder.
Yenia Leblanch (Directora), Miguel (DTI), Javier Ramírez Camilleri (Técnico)
Acusaciones Específicas contra Funcionarios (Según el Denunciante):
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- Yenia Leblanch (Directora de la Entidad): Descrita como la cabeza del desfalco. Se le acusa de:
- «Legalizar viviendas por dinero» y repartirse los fondos con Raíza González Fernández.
- Ser abogada de «título comprado», sin capacidad profesional real, dedicada al robo.
- Proteger a cómplices, como el asesor legal Tomás Silva Montes, a quien habría colocado en un cargo mayor a pesar de su antecedente penal por fraude en la misma entidad.
- Acabar con «personas humildes» sin consecuencias.
- Raíza González Fernández (Ex Jefa de Control de Fondo): Acusada de confabularse con la directora Yenia Leblanch para legalizar viviendas a cambio de dinero y repartirse los beneficios.
- María Eujenia Alfonzo Hernández (Jefa del Departamento de Albergue): Señalada como una figura «intocable» con más de 20 años en el cargo. Se le imputa:
- Vender espacios en albergues como «La Campiña» y «Amenidad».
- Otorgar una casa en Primelles y Final (Cerro) a un individuo llamado «Víctor», quien pertenecería al Buró del PCC, dejando sin vivienda a un alberguado con derecho.
- Obtener beneficios (compras gratis) en entidades como Comunales y Ferias Municipales gracias a su posición de influencia en el PCC.
- Ser madrina de santo de la presidenta del gobierno municipal, Hennecys, lo que explicaría, según el denunciante, su impunidad.
- Javier Ramírez Camilleri (Técnico): Acusado de:
- Estar confabulado con la directora Yenia para firmar facturas millonarias falsas y desfalcar dinero.
- Haber robado «a manos llenas» materiales de construcción y dinero cuando anteriormente trabajaba en el área de subsidios.
- Tomás Silva Montes (Asesor Legal): Descrito como amigo y asesor de Yenia. Fue preso por delito de fraude en la misma entidad, pero, gracias a la influencia de la directora, habría sido puesto en un cargo mayor, convirtiéndose en una «cabeza» del desfalco.
- Miguel (Del DTI – Departamento Técnico de Investigación): Acusado de actuar en conjunto con la dirección para:
- Amañar y manipular inspecciones contra trabajadores.
- Amenazar y privar de libertad injustamente a compañeros «buenos, con hijos», montándoles inspecciones falsas.
- Ser parte del aparato de represión para proteger la red de corrupción.
Denuncia de Represalias y Situación Laboral:
Los denunciantes afirman que hoy hay compañeros presos injustamente a raíz de estas inspecciones falsas. Relatan un caso trágico donde otro trabajador murió sin que la entidad le liquidara su salario pendiente. El clima descrito es de terror e injusticia: «Las inspecciones fueron manipuladas por el DTI y órganos de inspección estatal».
Petitorio y Contexto:
El mensaje es un grito desesperado: «Queremos justicia ante tanta maldad». Los trabajadores piden ayuda para exponer una realidad que aseguran los está acabando, donde una estructura de poder local (entrelazando la dirección de la Vivienda, el PCC y el DTI) opera al margen de la ley para enriquecerse y silenciar a quienes se oponen.
Resumen: Una denuncia anónima detalla una red de corrupción en la Dirección de la Vivienda del Cerro, implicando a su directora, jefas de departamento, técnicos y un asesor legal en delitos como fraude, venta de plazas en albergues, falsificación de facturas y tráfico de influencias. Se acusa al DTI de ser cómplice en represalias mediante inspecciones amañadas contra trabajadores honestos, creando un clima de impunidad y miedo.
Nota de la Redacción LMS:
Publicamos esta grave y detallada denuncia anónima con la seriedad que merece. Las acusaciones, que involucran nombres, cargos y modus operandi específicos, pintan un cuadro de corrupción sistémica y abuso de poder en una institución clave para los derechos ciudadanos básicos, como la vivienda y el albergue.
No podemos verificar de manera independiente cada uno de los extremos aquí expuestos, pero la especificidad de la información obliga a considerarla como una posible ruta de investigación para las autoridades competentes con potestad para requisar documentos, cuentas y realizar interrogatorios formales: la Contraloría General de la República, el Ministerio de la Construcción, la Fiscalía Provincial y la máxima dirección del PCC.
El señalamiento de que los órganos de control (DTI, Inspección Estatal) son parte del problema es particularmente grave. Hacemos un llamado a cualquier persona, dentro o fuera de la institución, que tenga documentación (facturas, órdenes, registros) o testimonios que puedan corroborar o refutar estas acusaciones, a aportarlos de manera confidencial. La impunidad solo se rompe con pruebas y con el coraje de quienes exigen transparencia.
