El régimen de La Habana asegura otro flujo de ayuda internacional gestionado por Naciones Unidas, mientras críticos señalan que estos fondos sirven de oxígeno a un sistema estructuralmente fallido.
En medio de una de las crisis energéticas más agudas de su historia, el régimen cubano ha logrado asegurar un nuevo aporte financiero internacional destinado, en teoría, a paliar el colapso del sector eléctrico. El Fondo de Catar para el Desarrollo (Qatar Fund for Development, QFFD) anunció la entrega de una subvención de 4.5 millones de dólares al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fondos que serán utilizados para rehabilitar el acceso a la energía en las provincias occidentales de La Habana, Artemisa y Mayabeque.
El acuerdo, firmado en el Foro de Doha 2025 con la participación de altos funcionarios cataríes y del administrador del PNUD, Alexander De Croo, se enmarca formalmente como una iniciativa humanitaria para restablecer servicios públicos esenciales —como hospitales, escuelas y sistemas de producción de alimentos— en zonas afectadas por huracanes. Según el QFFD, el proyecto beneficiará a más de 2.2 millones de personas.
La narrativa oficial vs. la crítica persistente:
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La oficina del PNUD en Cuba agradeció el respaldo en redes sociales, afirmando que la cooperación «permitirá facilitar el acceso a energía para actividades básicas de la población afectada por los huracanes». Sin embargo, este tipo de anuncios genera una reacción ambivalente y es vista con escepticismo por analistas y parte de la ciudadanía.
- Oxígeno financiero y político: Para el gobierno cubano, estos fondos multilaterales representan un salvavidas crucial. Le permiten acceder a divisas sin tener que implementar las profundas reformas económicas que organismos como el FMI o bancos de desarrollo suelen exigir. Además, le proporcionan una narrativa de «solidaridad internacional» y legitimidad, mostrando que aún cuenta con apoyo en foros globales.
- Falta de transparencia y sostenibilidad: Los críticos argumentan que esta ayuda, aunque gestionada por el PNUD, termina fortaleciendo infraestructuras estatales ineficientes y controladas por el Partido Comunista, sin mecanismos independientes de supervisión sobre su uso final. Señalan que, históricamente, la ayuda internacional no ha logrado revertir el deterioro crónico porque no ataca las causas raíz: la falta de inversión interna, la corrupción, la gestión centralizada ineficiente y la ausencia de un marco legal que incentive la inversión privada en el sector energético.
Un patrón de dependencia: la ayuda internacional como muleta
La subvención catarí se inserta en un patrón recurrente donde el régimen cubano utiliza desastres naturales (huracanes) y crisis humanitarias (apagones, colapso sanitario) como palanca para asegurar un flujo constante de ayuda exterior, sin que esto se traduzca en reformas estructurales:
- Programa Mundial de Alimentos (PMA): Recientemente entregó raciones de comida para más de 900,000 personas afectadas por ciclones.
- Cruz Roja Internacional: Envió ayuda (colchones, utensilios, kits de higiene) a más de 500 familias en el oriente del país.
- Gobierno de España: Donó 36 toneladas de ayuda humanitaria (alimentos, higiene, material escolar) canalizada a través de instituciones estatales.
- Vietnam: Recaudó más de 170,000 dólares en efectivo y bienes para las autoridades cubanas.
Todas estas iniciativas, justificadas desde una óptica humanitaria inmediata, carecen de condicionalidades que exijan transparencia, rendición de cuentas o cambios en el modelo de gestión. El resultado, según los críticos, es que el gobierno logra externalizar el costo de su fracaso en mantener servicios básicos, usando la caridad internacional para parchear un sistema en ruinas, mientras mantiene intacto el control político y económico.
La paradoja energética: fondos para rehabilitar lo que el Estado no puede mantener
La ironía es palpable: se destinan millones para «rehabilitar» un sistema eléctrico cuya crisis se debe fundamentalmente a décadas de falta de mantenimiento, inversión obsoleta, mala gestión y la huida de personal calificado. Sin un cambio en el modelo de propiedad, gestión y financiación del sector, estos 4.5 millones de dólares podrían convertirse en otro parche temporal, cuyos paneles solares o generadores quedarán, con el tiempo, tan abandonados y disfuncionales como la infraestructura actual.
Para la población de La Habana, Artemisa y Mayabeque, cualquier mejora en el suministro eléctrico será bienvenida. La pregunta incómoda es si esta ayuda, una vez más, servirá más para prolongar la vida de un sistema insostenible que para catalizar el cambio real que Cuba necesita para tener una energía confiable, moderna y al servicio de su desarrollo, no de la supervivencia de un régimen.
Resumen: El Fondo de Catar para el Desarrollo otorgó 4.5 millones de dólares al PNUD para rehabilitar el acceso a la energía en La Habana, Artemisa y Mayabeque, beneficiando supuestamente a 2.2 millones de personas. Si bien el régimen cubano presenta esto como ayuda humanitaria post-huracán, críticos señalan que es otro ejemplo de cómo la ayuda internacional sirve de oxígeno financiero y político al gobierno, sin exigir transparencia ni las reformas estructurales necesarias para resolver la crisis energética de raíz.
Nota: Esta donación refuerza un ciclo perverso donde la comunidad internacional, con buenas intenciones, subsidia la ineficiencia de un Estado fallido, aliviando temporalmente el sufrimiento de la población pero sin alterar las dinámicas de poder y gestión que generan la crisis crónica, perpetuando así la dependencia y el estancamiento.
