Un ciudadano anónimo del barrio Turcios Lima, Cautillo Merendero, en Jiguaní, Granma, denuncia que un enfermero identificado como Yannier Tejeda, quien junto a su esposa regentea un negocio de venta de productos, sube los precios diariamente, no acepta transferencias y aprovecha la vulnerabilidad de los vecinos. El denunciante afirma que los profesores de tres centros docentes de la zona tienen sus tarjetas con más de cuatro meses sin poder extraer efectivo, por lo que no pueden comprar en el negocio. También señala que el presidente del Consejo Popular conoce la situación, y que los inspectores “vienen y se van cargados sin que pase nada”.
Un ciudadano anónimo del barrio Turcios Lima, en Cautillo Merendero, municipio de Jiguaní, Granma, ha contactado a nuestra redacción para denunciar la situación que, según su testimonio, viven los vecinos de la localidad a manos de un comerciante local.
El denunciante, que prefiere mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias, identifica al responsable como Yannier Tejeda, un enfermero que, junto a su esposa, regentea un negocio de venta de productos en un bario de personas vulnerables.
“Éste mensaje es para uno supuestamente de a pie que está acabando en el barrio de Turcios Lima, Cautillo Merendero, Jiguaní. El susodicho es enfermero, él y la mujer, pero tienen un negocio de vender y todos los días sube los precios a un barrio de personas vulnerables.”
El denunciante describe el origen de la comunidad, cuyos residentes fueron ubicados por el Estado en condiciones precarias.
“Personas que viven en condiciones pésimas y con poco dinero, pero tienen que morir con Yannier Tejeda por no tener otra opción.”
Profesores con cuatro meses sin poder extraer efectivo no pueden comprar
El ciudadano explica que el comerciante se niega a aceptar transferencias, lo que excluye a los trabajadores de la zona.
“Éste susodicho no acepta transferencia a nadie. Los profesores y maestros de tres centros docentes que existen tienen sus tarjetas con más de cuatro meses sin poder extraer.”*
La denuncia, que se produce después de que el gobierno implementara el programa de bancarización para reducir el uso del efectivo, revela que un comerciante se niega a cumplir la ley, mientras los trabajadores no pueden acceder a su dinero para comprar alimentos.
“Ésto lo conoce su amigo presidente del consejo”
El denunciante afirma que las autoridades locales están al tanto de la situación.
“Ésto lo conoce su amigo presidente del consejo. También los inspectores vienen y se van cargados y no pasa nada. El infeliz barrio sigue pasando miserias y necesidades.”*
El hecho de que el Presidente del Consejo Popular sea “amigo” del comerciante, y que los inspectores reciban sobornos, es un ejemplo de la corrupción municipal.
“No da los vueltos completos aprovechándose de la falta de estudio”
El denunciante añade un último abuso: el comerciante estafa a sus propios clientes en las transacciones diarias.
“Otra cosa es que muchas veces no da los vueltos completos, aprovechándose de la incultura y falta de estudio de los niños y vecinos que le compran.”*
Resumen:
Un ciudadano anónimo del barrio Turcios Lima en Jiguaní denuncia al enfermero Yannier Tejeda, quien junto a su esposa tiene un negocio donde sube los precios diariamente, no acepta transferencias y no da los vueltos completos. Los profesores de tres centros docentes tienen sus tarjetas con más de cuatro meses sin poder extraer efectivo. El presidente del consejo conoce la situación y los inspectores “vienen y se van cargados”.
Nota final:
El barrio de Turcios Lima está compuesto por personas vulnerables que el Estado reubicó. No tienen dinero, no tienen opciones, y dependen de Yannier Tejeda para comprar sus alimentos. Un enfermero que, en lugar de ayudar a los enfermos, se aprovecha de la necesidad de sus vecinos: sube los precios cada día, no acepta transferencias, y para colmo, no da los vueltos completos, robando moneda a moneda a los niños y ancianos que le compran.
Los inspectores “vienen y se van cargados” y el presidente del consejo es su amigo. Las autoridades de la Fiscalía y el gobierno municipal de Jiguaní tienen la palabra.
