Ex trabajador denuncia favoritismo y corrupción en Comercio y Gastronomía de Jagüey Grande: «Un protegido del director tuvo más de un millón de pesos de faltante y sigue trabajando»

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Un exempleado de la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía en Jagüey Grande, Matanzas, denuncia que fue separado de la entidad junto a otros trabajadores, mientras un compañero protegido del director —con un faltante de más de un millón de pesos— sigue en su puesto sin consecuencias. También denuncia que un ciudadano llegado de las provincias orientales recibió en menos de 15 días un local arrendado que fue quitado ilegalmente a un trabajador particular, violando contratos.

Un exempleado de la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía en Jagüey Grande, Matanzas, ha contactado a nuestra redacción para denunciar lo que califica como un sistema de favoritismo y corrupción dentro de la entidad. Según su testimonio, mientras él y otros trabajadores fueron separados de sus puestos y llevados a juicio, un compañero protegido del director —con un faltante de más de un millón de pesos— sigue trabajando con total normalidad.

Los hechos: un juicio para unos, impunidad para otros

El denunciante relata:

«Fui trabajador de esa empresa y me tienen pendiente a juicio según director por falta de control y me separaron de la entidad, y conmigo otros más».

«Pero entre nosotros hay un compañero protegido de dicho director que tuvo más de un millón de pesos de faltante, pero sigue trabajando en la empresa como si no pasara nada».

El contexto: antecedentes de malversación en Jagüey Grande

La denuncia se produce en un contexto donde Jagüey Grande ha sido escenario de graves casos de corrupción en el sector del Comercio. En noviembre de 2025, CubitaNOW reportó dos casos de malversación en el municipio:

En la propia Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía, las auditorías detectaron un faltante de 168,174 pesos cubanos (CUP). Los implicados fueron Yurisandra Rivas (técnica de Gestión Económica) y Yury Garcés (director de la entidad). Rivas fue procesada por malversación, mientras que Garcés contaba con antecedentes de conducta antisocial y atentado [citations:4].

En la bodega «Las Delicias», se descubrió la sustracción de 1,096,895 pesos cubanos (CUP). El administrador, Iván Gómez, falsificó documentos contables para encubrir el robo. Gómez tenía antecedentes por abuso sexual [citations:4].

Estos casos, según el reporte, reflejan «la descomposición ética de un sistema que concentra la gestión económica en manos de estructuras burocráticas, donde la supervisión real es escasa y la corrupción, cada vez más frecuente» [citations:4].

El caso del local arrendado: un foráneo favorecido

El denunciante también señala una irregularidad en la asignación de locales:

«Se quitan directores de UEB para poner de su camarilla».

«Un ejemplo de estos es un ciudadano que vino de las provincias orientales y en menos de 15 días se le quitó un arrendamiento a un particular, violando contratos, para darle el local para casa».

«Cuando el mencionado tiene casa en otra provincia y la está vendiendo en USD».

Este modus operandi coincide con denuncias previas sobre Jagüey Grande. En marzo de 2026, este mismo medio publicó una denuncia que señalaba al Director Municipal de Gastronomía y a la Secretaria del Partido en el territorio de retirar arbitrariamente unidades arrendadas a trabajadores legítimos para reasignarlas a personas con alto poder adquisitivo [citations:3]. El caso más visible fue el de «La Najita», retirada a su arrendatario legal en 2025 y entregada a una persona con elevado nivel económico [citations:3].

El patrón: una red de corrupción en Jagüey Grande

Las denuncias sobre Jagüey Grande no son aisladas. En marzo de 2026, este medio también publicó una denuncia sobre una red que involucra al intendente municipal (apodado Dominguito), a la viceintendente y a la secretaria del PCC [citations:2]. Según esos testimonios:

El intendente tiene acceso ilimitado a combustible y protege a TCP y MIPYMES a cambio de beneficios [citations:2].

La viceintendente acumula funciones incompatibles (control y fiscalización con atención de alimentos), lo que le permite autorizar violaciones de precios y evitar inspecciones [citations:2].

Ambos funcionarios cuentan con la protección directa de la secretaria del PCC y del delegado del MININT [citations:2].

En marzo de 2026, se denunció también que el intendente Dominguito colocó a su pareja, Leyaisi, como inspectora de comercio estatal, a pesar de que había sido sancionada anteriormente por cohecho [citations:1].

Las exigencias del denunciante

El exempleado plantea preguntas que deberían ser respondidas por las autoridades:

¿Por qué un trabajador con más de un millón de pesos de faltante sigue en su puesto, mientras otros fueron separados?

¿Por qué se violan contratos de arrendamiento para favorecer a personas llegadas de otras provincias?

¿Cómo es posible que un particular que vende su casa en USD reciba un local en menos de 15 días?

Resumen:

Un exempleado de Comercio y Gastronomía en Jagüey Grande denuncia favoritismo y corrupción: mientras él y otros trabajadores fueron separados y llevados a juicio, un compañero protegido del director —con faltante de más de un millón de pesos— sigue en su puesto. También denuncia que a un ciudadano llegado de oriente se le quitó un local arrendado a un particular en menos de 15 días, violando contratos, para dárselo a él, que además vende su casa en USD.

Nota final:

Esta denuncia revela un patrón que se repite en Jagüey Grande: los que tienen padrinos no pagan, los que no, son castigados. El caso del millón de pesos de faltante que sigue impune es la confirmación de lo que muchos sospechan: en la Empresa de Comercio y Gastronomía, la ley se aplica a conveniencia. El despojo de un local arrendado a un particular para favorecer a un foráneo que vende su casa en USD es la muestra de que los contratos valen menos que los contactos.

Las autoridades de Matanzas, la Fiscalía y la Contraloría tienen la palabra. Los antecedentes de malversación en Jagüey Grande están documentados [citations:4]. Las denuncias sobre el intendente y la secretaria del PCC también [citations:2][citations:3]. Ahora, se suma el testimonio de un trabajador que pagó las consecuencias mientras el protegido sigue en su puesto. ¿Alguien investigará?

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