Documentos oficiales de la dirección de Inspección del Gobierno Provincial (CONSEL), de Patrimonio e Inversiones y de la Fiscalía Provincial revelan un entramado de corrupción en la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria (EPIA) en Santiago de Cuba. Se pagaron 54.5 millones de pesos a un trabajador por cuenta propia en violación de las normas de contratación. Una panadería en Songo La Maya fue presupuestada en 15 millones de pesos, pagada en su totalidad, y nunca se terminó de construir. Los pagos se realizaron sin certificaciones de obra, sin expediente de licitación y sin aprobación de presupuesto. La verificación fiscal ordenada por el gobierno ocultó el desfalco. Se exigen respuestas sobre el paradero de los millones robados.
Un expediente de denuncias ciudadanas respaldado por informes oficiales de la Dirección de Inspección del Gobierno Provincial (CONSEL), de la Dirección de Patrimonio, Inversiones y Construcción y de la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba revela un entramado de corrupción en la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria (EPIA) durante la gestión del director general Jorge Luis Arce Ferrera.
54.5 millones de pesos pagados a un TCP en violación de la ley
El informe de la comisión del gobierno, fechado el 16 de julio de 2024, confirma que el aspecto 1 de la denuncia anónima se considera «con razón». Se detectaron pagos anticipados e incorrectos a trabajadores por cuenta propia, violando las normas de contratación. El propio comisionado Gabriel Blanco Guillén alerta en sus conclusiones de «violaciones graves que pueden constituir la presunción de daños considerables al estado y hasta un hecho de corrupción dentro de la entidad».
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El informe de la fiscalía, parte de una denuncia ciudadana posterior, revela la magnitud del saqueo. El fiscal Luis Felipe Torres Garrido encabezó una verificación fiscal que, sin embargo, según los denunciantes, ocultó el desfalco principal: el pago indebido de 54,537,000.00 pesos a un TCP. «La empresa no tenía presupuesto para plan de inversiones», señala la denuncia, y el inversionista Yoel Suárez Moya realizó «uso indebido del presupuesto del estado». La pregunta es directa: «¿Hacia dónde fue a parar todos esos millones?».
Panadería La Nueva Estrella: 15 millones pagados, obra sin terminar y con graves deficiencias estructurales
Un informe de la Dirección de Patrimonio, Inversiones y Construcción, también de julio de 2024, inspeccionó la inversión en la Panadería La Nueva Estrella en Songo La Maya, contratada con la MIPYME PELAEZ S.U.R.L. (propiedad de Alexander Peláez Robert, el mismo TCP que recibió pagos millonarios) por un valor de 15 millones de pesos. Las irregularidades detectadas son mayúsculas:
- No existe acta del comité de licitación ni proyecto ejecutivo.
- No hay evidencia del documento legal que autorice los trabajos.
- Los trabajos realizados en 2023 «solo fueron iniciados algunos y no fueron terminados».
- Faltan certificaciones de obra que amparen pagos por 3 millones de pesos.
- Los 15 millones de pesos fueron pagados totalmente el 7 de junio de 2023, a pesar de la obra inconclusa. «Se realizó el pago total del servicio por 15,000,000.00 sin concluir la obra».
- El informe técnico adjunto documenta un sinfín de deficiencias: muros con grietas y fisuras sin rehabilitar, techo de la panadería con vigas de madera podridas, estructura de la cubierta con alto nivel de deterioro, tejas partidas, ausencia de falso techo, baños sin ejecutar, sistema de residuales sin construir, y en la nueva «mini industria», columnas y vigas con secciones por debajo de las aprobadas y estructuras vulnerables a fuertes vientos.
El informe de fiscalía añade que no solo la Panadería La Nueva Estrella nunca se terminó, sino que tampoco se construyó la famosa Escuela de Panaderos.
Contratos con espacios en blanco y pagos excesivos sin control
El informe de la comisión gubernamental (Resumen.pdf) revisó 9 contratos y encontró irregularidades en casi todos: falta de dictamen legal, actas de comité de contratación con fechas posteriores a la firma, licitaciones inexistentes, suplementos que modificaban contratos sin control, y errores de cálculo en el presupuesto del transporte de personal.
El informe de Inversiones.pdf detectó un pago excesivo de 108,527 pesos en el transporte de personal diario a la obra (se presupuestaron 56 km de recorrido cuando la distancia real es de 32 km) y 360,504 pesos en transporte de suministros.
El fiscal que no vio nada y los auditores que se quedaron ciegos
El denunciante cuestiona la actuación del fiscal Luis Felipe Torres Garrido, quien dirigió la verificación fiscal pero «no trajo la revisión de este desfalco económico». La verificación fiscal ocurrió en mayo-julio de 2025, pero antes, entre enero y marzo de 2025, los auditores del gobierno provincial con su jefa Odalis al frente tampoco vieron nada. «Pensamos que hay que llevar a estas personas a cambiarle la lente a sus espejuelos porque se están quedando ciegos».
La lista de involucrados incluye a:
- Jorge Luis Arce Ferrera, ex director general de la EPIA
- Yoel Suárez Moya, inversionista
- Luis Enrique Fernández Reyes, auditor
- El fiscal Luis Felipe Torres Garrido
- Los auditores del gobierno provincial, con su jefa Odalis
Denuncias de nepotismo y vínculos personales
El expediente también revela cuestionamientos sobre el nepotismo: se critica que la mayor parte de las materias primas se asignan a la UEB ALIMSAN, cuya directora, Adianis Blet Hechavarría, es pareja del director general Jorge Luis Arce, y que las producciones de la Unidad La Glorieta estarían controladas por los mismos directivos. El informe de la comisión gubernamental reconoce que «ciertamente hay una relación personal del director general de la empresa con la directora de la UBE Alimsan, aspecto que se cuestiona en el documento anónimo como nepotismo».
También se menciona el pago excesivo de 913,575 pesos al artista Enrique Pérez Fumero por un video para la asamblea de balance del año 2024.
Un llamado a la justicia
Los denunciantes exigen respuestas y que se actúe contra los responsables de haber afectado económicamente una empresa que ya venía en quiebra. «Estamos frente al delito de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias».
Resumen:
Documentos oficiales revelan corrupción en la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria (EPIA) en Santiago de Cuba. Se pagaron 54.5 millones de pesos a un TCP por contratos ilegales; una obra de 15 millones se pagó íntegramente sin concluir; los pagos se hicieron sin certificaciones, licitaciones ni presupuestos aprobados; y la verificación fiscal ordenada por el gobierno ocultó el desfalco. Se señala al ex director general Jorge Luis Arce, al inversionista Yoel Suárez y al fiscal Luis Felipe Torres Garrido.
Nota final:
Las empresas del estado cubano están en quiebra. Los trabajadores no cobran sus salarios. Los niños no tienen leche. Pero los directivos de la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria en Santiago de Cuba encontraron la manera de hacerse millonarios: pagaron 54.5 millones de pesos a un trabajador por cuenta propia por contratos que nunca se ejecutaron o que se hicieron mal. Pagaron 15 millones de pesos por una panadería que nunca se terminó. Y los fiscales y auditores del gobierno, que debían proteger el dinero del pueblo, hicieron la vista gorda.
La Fiscalía General de la República y la Contraloría tienen la palabra. El pueblo exige saber dónde están los 54 millones de pesos.
