Denunciante Señala a Gobernadora de La Habana por Falta de Acción en Boyeros y Protección a Directora de Inspección

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Una trabajadora por cuenta propia de Boyeros asegura que la visita de la gobernadora no trajo soluciones y que existe una red de complicidades que blindan a funcionarios locales.

Una denunciante ha enviado un extenso testimonio en el que detalla lo que califica como una red de protección y corrupción en la Dirección de Inspección (DI) de ese municipio, con ramificaciones que llegarían hasta el gobierno provincial.

Visita de la Gobernadora y Promesas Incumplidas:
La denunciante relata que ayer la gobernadora de La Habana visitó Boyeros y anunció el envío de una auditoría a la DI. La ciudadana cuestiona esta medida, pues afirma que lo que el municipio necesita es «una auditoría fiscal» que revele cómo se realizan las inspecciones y por qué recaen siempre sobre las mismas personas. Añade que la gobernadora no dijo nada sobre el nuevo intendente y que la directora de la DI, Aranelis, permaneció en el acto «como si nada», pues —según la denunciante— «ella les complace en todo lo que ellos la mandan».

Funcionarios y Negocios Señalados:
La denunciante menciona a varios funcionarios y establecimientos:

  • Jefe de Vivienda de Boyeros y MIPYME de «S»: Asegura que este funcionario no es inspeccionado debido a su amistad con la gobernadora y con otros miembros del gobierno local. El negocio, afirma, está registrado a nombre de su esposa.
  • Víctor, de Finanzas y Precios: Lo describe como «un compañero déspota y además corrupto». Señala que su nueva jefa de grupo, antes inspectora y supervisora, fue ascendida por ser parte del círculo de confianza.
  • Mariela, madre de Aranelis: Según la denunciante, es muy amiga de la gobernadora. Vecinos de La Lisa y Cano, donde residen familiares de la gobernadora, han dicho que «no pasará nada» porque fue la propia gobernadora quien colocó a Aranelis al frente de la DI de Boyeros.

Funcionamiento de la Dirección de Inspección:
La denunciante describe el clima interno en la DI:

  • El grupo de supervisión no tiene «voto» ni capacidad de decisión.
  • Se han elaborado informes que documentan el mal trabajo realizado, pero todos han sido archivados.
  • Circula un video, aún sin respuesta oficial, de dos inspectores en un agro de Wajay.
  • Pertenecer al «clan de la directora» garantiza impunidad.

Antecedentes de Violencia e Impunidad:
La ciudadana recuerda un hecho ocurrido en Santiago, donde inspectores se enfrentaron físicamente con el pueblo y, pese a ello, continuaron trabajando sin que pasara nada. «Todo sigue igual», sentencia.

Un Grupo de TCP que Documenta las Actuaciones:
La denunciante afirma que los trabajadores por cuenta propia de Boyeros tienen un grupo donde exponen a diario las cosas que hacen los inspectores «desde que salen de la DI hasta que se van cargados y borrachos». A pesar de la existencia de estas evidencias, dice, no ocurre nada.

Llamado a la Gobernadora y Petición Expresa:
La ciudadana exige a la gobernadora que realice un cambio real en Boyeros. Le pide que camine las calles de Santiago, Nuevo Santiago, Wajay y Chico, y que pregunte directamente a los TCP y a las MIPYMES más importantes del municipio la opinión que tienen de los inspectores y de su directora. Reclama también delegados honorables que representen al pueblo.

Resumen: Una trabajadora de Boyeros denuncia que la gobernadora de La Habana no ejecutó cambios reales durante su visita al municipio. Asegura que existe una red de protección que blinda a la directora de la DI, Aranelis, colocada en el cargo por la propia gobernadora, y que funcionarios como el jefe de Vivienda y Víctor de Finanzas y Precios actúan con impunidad mientras los inspectores cometen irregularidades sin consecuencias.

Nota final: Este testimonio, rico en nombres y cargos específicos, expone la profunda desconfianza de un sector de la población de Boyeros hacia sus autoridades locales y provinciales. La denunciante sostiene que las quejas se archivan, los videos se ignoran y los inspectores protegidos continúan operando, mientras los trabajadores por cuenta propia y dueños de MIPYMES siguen padeciendo un sistema de inspección que consideran arbitrario y corrupto.

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