Trabajadores de la brigada 24 afirman que una máquina entregada en arrendamiento para ser recuperada fue vendida por un particular por 7 millones de pesos, con involucramiento del director de la unidad.
Una nueva denuncia desde el municipio de Yara, en la provincia Granma, señala un hecho de corrupción relacionado con el arrendamiento de maquinaria agrícola estatal. El caso involucra al director de la brigada 24, Juan Antonio Salina (conocido como Toni), y a un particular identificado como «Papa Caja Fuerte».
Antecedentes de la Política de Arrendamiento:
Según recuerda el denunciante, el director de la Empresa Fernando Hechenique, Edisnel González Valdés, declaró en abril de 2024 —en una publicación del periódico local— la aprobación del arrendamiento de maquinaria agrícola INACTIVA a personas naturales y jurídicas. La medida tenía como objetivo recuperar equipos paralizados por falta de partes, piezas, neumáticos, baterías o roturas. Entre estos medios se incluían carretas, implementos y cosechadoras.
El Hecho Denunciado:
De acuerdo con el testimonio:
Te Puede Interesar:
- La máquina cosechadora de arroz operada por Yosdel Tamayo fue arrendada en el marco de esta política.
- Posteriormente, la cosechadora fue vendida por el yarense conocido como «Papa Caja Fuerte» a Lázaro Vázquez en la suma de 7 000 000 de pesos.
- El denunciante afirma que, además de ese monto, se entregó una cantidad adicional de dinero a Juan Antonio Salina, director de la brigada 24.
Resumen: Un trabajador denuncia que una cosechadora de arroz perteneciente a la brigada 24 de Yara, arrendada inicialmente para ser reparada y puesta a producir, fue vendida por un particular por 7 millones de pesos. Señala al director de la brigada, Juan Antonio Salina, de haber recibido dinero adicional en la operación.
Nota final: Esta denuncia, acompañada de una fotografía del señalado, refleja la preocupación de trabajadores del sector agropecuario ante lo que consideran un desvío de los objetivos originales de las políticas de arrendamiento. La venta de maquinaria estatal destinada a la recuperación productiva —de confirmarse— constituiría un grave hecho de corrupción que afectaría directamente la capacidad de producción de arroz en el territorio.
