Lázaro Gómez e Niurka Alarcón Gómez acusados de liderar venta ilegal de combustible y tráfico de mercancías con ganancias de hasta 40,000 pesos
Una grave denuncia ciudadana ha expuesto una extensa red de corrupción en el municipio de Yara, provincia de Granma, presuntamente liderada por Lázaro Gómez, intendente municipal, y Niurka Alarcón Gómez, primera secretaria del PCC en el territorio, quienes estarían involucrados en la creación y operación de puntos clandestinos de venta de combustible y el tráfico ilegal de productos alimenticios.
Estructura de la red delictiva:
- Lázaro Gómez: Intendente municipal, autoriza salida de mercancías controladas
- Niurka Alarcón Gómez: Primera Secretaria del PCC, presunta beneficiaria y protectora
- «Julito»: Chofer de Lázaro, operador logístico de distribución
- Red extendida que incluye a seguridad y policía local
Modalidades de operación:
Te Puede Interesar:
- Tráfico de mercancías: Autorización falsa para sacar arroz y maíz hacia Santiago de Cuba y Guantánamo
- Venta ilegal de combustible: Gasolina a 1,000 pesos el litro en puntos clandestinos
- Abuso de recursos estatales: Uso de tarjetas de combustible de vehículos oficiales para desvío
- Protección institucional: Presunto encubrimiento por parte de autoridades locales
Ganancias y precios:
- 30,000-40,000 pesos por autorización de tráfico de alimentos
- 1,000 pesos por litro de gasolina en mercado negro
- 80-100 litros diarios desviados mediante tarjetas de Cupet
- Distribución en Veguitas, Los Guineos y Yara
Antecedentes de los implicados:
- Niurka Alarcón Gómez: previamente vinculada a desvío de 180,000 pesos del PCC
- Lázaro Gómez: involucrado en accidente de tránsito en estado de ebriedad que fue encubierto
- Presunto desvío de vehículo Lada de la UJC por parte de Niurka Alarcón
Mecanismos de protección:
- Policía y Seguridad del Estado presuntamente beneficiados con asignaciones de combustible
- Encubrimiento sistemático de investigaciones
- Intimidación a testigos y denunciantes
- Utilización de cargos oficiales para bloquear investigaciones
- Escasez artificial de combustible y alimentos
- Enriquecimiento ilícito de funcionarios
- Descrédito de instituciones del Estado
- Afección directa a la economía familiar y productiva
Flujo de Dinero y Beneficiarios
- Recaudación: «Julito» recolecta pagos en efectivo en los puntos de venta.
- Distribución de Ganancias:
- 40% para Lázaro Gómez (autorizaciones y protección logística).
- 40% para Niurka Alarcón (protección política y coordinación institucional).
- 20% para operadores logísticos y cómplices policiales.
- Lavado de Activos: Inversión en negocios particulares y compra de bienes suntuarios.
Conexiones con Casos Anteriores
- Desvío de Fondos del PCC: Niurka Alarcón ya estaba señalada por la pérdida de 180,000 pesos de las finanzas de militantes jubilados.
- Tráfico de Vehículos: Sustracción de un Lada de la UJC, intentando culpar a Javier Granados, entonces primer secretario de la UJC.
Impacto en la Población
- Escasez Artificial: La red crea desabastecimiento para justificar precios inflados.
- Economía Paralela: Productores legítimos no pueden competir con precios del mercado negro.
- Erosión Institucional: La población pierde confianza en el gobierno local y las instituciones.
Llamado a la Acción:
Esta investigación debe motivar una intervención urgente de la Fiscalía Provincial y la Contraloría General. La ciudadanía exige:
- Suspensión inmediata de Lázaro Gómez y Niurka Alarcón.
- Auditoría independiente de las tarjetas de combustible y los inventarios de alimentos.
- Protección para testigos y denunciantes.
Una red de corrupción dirigida por el intendente Lázaro Gómez y la primera secretaria del PCC Niurka Alarcón Gómez controla el tráfico de combustible y alimentos en Yara, utilizando sus cargos oficiales para enriquecimiento ilícito mediante la creación de puntos clandestinos de venta.
Nota: La denuncia evidencia la profundización de las redes de corrupción a nivel municipal y la aparente complicidad de instituciones que deberían garantizar el cumplimiento de la ley, afectando directamente el abastecimiento de productos esenciales para la población.
Un comentario
Si realmente la intención es denunciar a los supuestos delincuentes porqué no hacerlo por las vías y métodos adecuados ?. Pero parece que la intención es denigrar a dirigentes en el municipio y si no tienen pruebas pueden ser sometidos a la justicia por difamación.