Un ciudadano anónimo acusa a Yisel Ramírez Sarduy, Vice Intendente de Fiscalización en Plaza, de usar su cargo para recibir pagos irregulares de empresas del estado y de una mipyme, además de desviar el suministro de agua hacia su domicilio particular. El testimonio la vincula directamente con el desvío de combustible en camiones de la capital y denuncia que la denunciada fue “procesada para militante del PCC” pese a tener varios trabajadores en contra.
Un ciudadano que prefiere mantener el anonimato ha contactado a nuestra redacción para exponer una serie de hechos que involucran a una alta funcionaria del municipio Plaza de la Revolución.
La denuncia actualiza una situación que ya había sido reportada en febrero pasado y señala una presunta red de corrupción que se mantiene activa, protegiendo negocios ilegales a cambio de sobornos.
Los hechos: una denuncia sin consecuencias
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El 4 de febrero de este año se presentó una queja contra Yisel Ramírez Sarduy, Vice Intendente de Fiscalización en Plaza, conocida popularmente como “Doña Flor y sus maridos”. Según el testimonio, pese a que varios trabajadores se manifestaron en su contra, la investigación no tuvo el efecto esperado.
“Como resultado fue procesada para militante PCC, con varios trabajadores en contra.”
Vivienda aprobada en “intereses oscuros”
El ciudadano afirma que la funcionaria ocupa una vivienda en calle 19 entre 28 y 30, cuya aprobación fue “escondida” de la presidenta del gobierno local.
“Con solo un año en el cargo la priorizaron por responder a intereses oscuros.”
El desvío del agua y las pipas particulares
En un municipio donde el agua escasea, la denunciante sostiene que la viceintendente goza de un privilegio inadmisible.
“Desvía pipas de agua para su domicilio. En la zona no entra agua y todos miran que ella trae 2 pipas a la semana.”
Los vecinos, que pasan días sin recibir el servicio, serían testigos de cómo los camiones cisterna se desvían para abastecer exclusivamente su residencia.
El chofer, el camión y el combustible
La denuncia involucra a Alan Sánchez Milán, chofer del camión colector de basura 210. Tras ser denunciado, fue trasladado al camión HOWO (chapa B207324), propiedad de la Empresa Aurora.
“Siguen desviando combustible por viajes fantasmas, que le ha dado para comprarse una moto con este dinero.”
El cambio de vehículo no habría detenido la práctica ilegal de vender el combustible del camión, registrando viajes que nunca se realizan.
La complicidad de la Empresa Aurora
“Rafael, el director de la Empresa Aurora, sigue pagándole a Yisel para tapar todo. Semanalmente cobra sus comisiones, una magia de vista gorda.”
La basura se desborda en las calles del municipio mientras esta empresa, supuestamente controlada por los acusados, sirve como fachada para la extracción de dinero ilegal.
La mipyme que pagó 40 mil pesos para librarse de inspecciones
El testimonio señala a una mipyme llamada Pan, ubicada entre Línea y 18, que habría pagado 40 mil pesos a la funcionaria para detener las inspecciones.
Protección política
A pesar de todas estas denuncias, la funcionaria se mantiene en el cargo. El ciudadano cierra su testimonio señalando que la red de protección alcanza hasta las más altas esferas.
“No pasa nada con sus amiguitos del clan del Partido y el Gobierno que la tapan.”
Resumen:
Un ciudadano anónimo denuncia a Yisel Ramírez Sarduy, Vice Intendente de Fiscalización en Plaza, por desviar dos pipas de agua a la semana hacia su casa mientras el barrio carece del servicio. La acusa de cobrar “comisiones” semanales al director de la Empresa Aurora para hacer la vista gorda, y de recibir 40 mil pesos de una mipyme para evitar inspecciones. También está vinculada al desvío de combustible de un camión de basura.
Nota final:
La denuncia describe un municipio donde las prioridades del gobierno están invertidas. Mientras los vecinos se quedan sin agua, la encargada de velar por sus derechos se lleva dos pipas a la semana. Mientras la basura se acumula, el dueño de la empresa de limpieza le paga una comisión semanal para que no revise sus cuentas. La Fiscalía y la Contraloría tienen que actuar. El gobierno de Plaza debe explicar por qué esta viceintendente sigue en su puesto. El pueblo está indignado.
