Un ciudadano anónimo de la isla denuncia a Ernesto Jordi Morales Collado, administrador de la SURL Groupej Morales, como parte de una red de testaferros que supuestamente utiliza cuentas Zelle para canalizar dólares hacia el gobierno cubano, evadiendo las sanciones de la administración Trump. La denuncia lo vincula con el intendente del municipio Cotorro, Álvaro Álvarez Torres, y con negocios de combustible y gas a través de la empresa estatal CUPET, tras las restricciones de EE.UU. Se adjunta como prueba un contrato de compraventa de la empresa.
Un ciudadano anónimo, que se presenta como una fuente desde la isla, ha contactado a nuestra redacción para exponer una presunta red de testaferros que, según su testimonio, opera en Cuba para canalizar dólares hacia el gobierno en violación de las sanciones de Estados Unidos. El denunciante, que prefiere mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias, ofrece lo que califica como una “exclusiva” y aporta documentación como prueba.
La denuncia se centra en Ernesto Jordi Morales Collado, administrador de la Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada (SURL) Groupej Morales, con domicilio legal en el municipio Cotorro, La Habana. La empresa, constituida en junio de 2023, aparece registrada en el Registro Mercantil Territorial de La Habana.
El modus operandi: cuentas Zelle y evasión de sanciones
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Según el testimonio, Morales Collado, a quien el denunciante califica de “testaferro del sistema”, utiliza su condición de cubanoamericano para operar como una vía de financiación ilícita.
“Cubanos americanos asociados a la dictadura que se alimenta de ellos mediante negocios vías ZELLE, que tiene sus micro sistemas de alimentación para violar las sanciones de la administración Trump.”
La denuncia sostiene que la plataforma Zelle es el vehículo principal para mover fondos.
“Utilizando cuentas de familiares en Estados Unidos para lavar dinero y evadir las sanciones de los Estados Unidos. Deben de revisar los envíos ZELLE, hoy gran fuente de ingreso a la dictadura.”
Negocios con la dictadura: combustible, gas y almacenes estatales
El denunciante vincula a Morales Collado con altos funcionarios del gobierno cubano y con la empresa estatal CUPET, encargada de la distribución de combustibles.
“Tiene negocios de combustible traído de Estados Unidos, evadiendo el fisco de Estados Unidos. Y ahora le fueron entregados puntos de ventas de balas de gas, después de las sanciones de Estados Unidos a la empresa CUPET. Por medio de estas personas lucran con las balas de gas que cobran en USD como el combustible.”
La denuncia también sugiere que la empresa tiene acceso privilegiado a espacios estatales para almacenar sus productos.
“En el Cotorro tiene sus almacenes en la Antillana de Acero con una amplia red de corrupción gubernamental con los funcionarios de esa empresa donde el gobierno le da sus almacenes para guardar los productos.”
Vínculos con el intendente del Cotorro y el “represor” Álvaro Álvarez
El denunciante señala directamente al intendente del municipio Cotorro, Álvaro Álvarez Torres, como parte de la red de protección.
“Tiene vínculos con el intendente del municipio Cotorro, Álvaro, otro represor de la dictadura.”
Llamado a una investigación externa
El ciudadano concluye su testimonio con un llamamiento a las autoridades de Estados Unidos para que investiguen esta red.
“Hay que cortar toda fuente de ingreso a estos dictadores. Que esta información llegue a algún senador para que caiga sobre los cubanos americanos que usan los Estados Unidos para ayudar a la dictadura, que revisen las cuentas ZELLE.”
Ofrece además continuar enviando información sobre otros casos similares.
Resumen de la denuncia:
Un ciudadano anónimo denuncia a Ernesto Jordi Morales Collado, administrador de la SURL Groupej Morales en Cotorro, como un testaferro que usa cuentas Zelle para canalizar dólares al gobierno cubano y evadir sanciones de EE.UU. Lo vincula con el intendente del Cotorro, Álvaro Álvarez Torres, y con negocios de combustible y gas a través de CUPET, tras las sanciones. Aporta un contrato de compraventa como prueba.
