Ciudadano Aporta Nombres, Fotografías y Detalles de una Operación que, Según la Denuncia, Desabastece las Ferias y Eleva los Precios para la Población
Se ha recibido una denuncia ciudadana detallada que expone lo que describe como una red organizada de corrupción, acaparamiento y desvío de recursos alimenticios en el municipio de Yara, provincia de Granma. El documento, de origen anónimo pero con un nivel específico de detalles, dirige sus acusaciones directamente contra la más alta autoridad local y funcionarios del Partido, vinculándolos con productores privados en un esquema que, según el denunciante, perjudica gravemente a la población.
Camilo Presidente de la CCSF Benilde Orozco
El núcleo de la acusación es simple en su mecanismo y grave en sus consecuencias: se alega que el Intendente Municipal, Lázaro Gómez, utiliza su posición de autoridad para facilitar y autorizar la salida ilegal de cargas de arroz, frijoles y maíz fuera de los canales estatales de acopio y distribución oficial. Estas mercancías, en lugar de llegar a las ferias de abastecimiento a precios regulados, serían desviadas hacia un mercado negro controlado por sus «socios».
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Este desvío sistemático tendría un doble efecto perverso: por un lado, genera una escasez artificial en los puntos de venta legales, y por otro, dispara los precios en la calle. El denunciante ofrece datos concretos: mientras en las ferias el cereal aparece escaso y se vende a 165 pesos la libra, en el mercado informal el precio se eleva a 170 y 180 pesos. La ganancia ilícita, según la denuncia, se materializa en un pago fijo de 30,000 pesos por cada carga autorizada, monto que Lázaro Gómez repartiría con Niurka Alarcón, Primera Secretaria del PCC en el municipio, implicando así a la máxima dirigente política del territorio en el presunto fraude.
El documento no se limita a señalar a las autoridades, sino que identifica con nombres, apellidos y fotografías a los actores clave de esta presunta «cúpula»:
- Lázaro Gómez: Intendente Municipal de Yara. Acusado de ser el autorizador principal y cabecilla del esquema, firmando personalmente las salidas ilegales.
- Niurka Alarcón: Primera Secretaria del PCC en Yara. Acusada de ser cómplice y beneficiaria, recibiendo una parte de los 30,000 pesos por carga.
- Benilde Orozco: Identificado como Presidente de una CCSF (Cooperativa de Créditos y Servicios Fortalecida) y Delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Descrito como un pilar operativo del grupo.
- José Arias y su hermano: Señalados como «gran productor de arroz», presumiblemente proveedores clave de la mercancía desviada.
- Dioselis Estrada: Catalogado como «poderoso arrocero», otro de los principales productores vinculados a la red.
- Julio Sánchez: Presentado como Presidente de la CCSF «Emilio Herrimán» y también Delegado a la Asamblea. Otro eslabón en la estructura de cooperativas señaladas.
- Rudy Pérez Bofill: Descrito también como «poderoso arrocero», completando el círculo de productores acusados.
Rudy Pèrez Bofill
La denuncia viene acompañada de varias fotografías que, según el remitente, muestran a los individuos mencionados. La publicación de este material tiene un objetivo claro: ejercer la presión de la verdad y la transparencia, sacando a la luz una acusación que, de ser cierta, representa un ataque directo a la seguridad alimentaria y la economía de las familias de Yara. Es un llamado de alerta a la ciudadanía y, sobre todo, un exigente recurso a las instancias superiores de control (Contraloría General, Fiscalía, Comité Provincial del PCC, Gobierno Provincial) para que intervengan de inmediato.
Jose Arias y Julio Sánchez
RESUMEN:
Una denuncia anónima detallada acusa al Intendente de Yara, Lázaro Gómez, y a la Primera Secretaria del PCC municipal, Niurka Alarcón, de encabezar una red que desvía arroz, frijoles y maíz del circuito estatal hacia un mercado negro, cobrando 30,000 pesos por carga. Este esquema, que involucraría a presidentes de cooperativas (CCSF) y grandes productores privados, generaría escasez artificial e inflación en los precios de estos alimentos básicos, perjudicando directamente a la población. La denuncia incluye nombres, cargos y fotografías de los siete principales señalados.
Nota: La denuncia publicada es de una gravedad extrema. No solo involucra a altos funcionarios en actos de corrupción, sino que el objeto del presunto delito son alimentos básicos en un contexto de escasez nacional, lo que multiplica el daño social. La especificidad de los datos (nombres, cargos, montos, mecanismos) exige, imperiosamente, una investigación oficial inmediata, imparcial y profunda.
