Trabajadores y vecinos denuncian la desaparición de puré de tomate, venta ilegal y un encubrimiento dirigido por la administración, con implicaciones hasta en La Habana.
Yara, Granma. Enero de 2026. Una nueva y detallada recibida en nuestra redacción LMS denuncia pone al descubierto lo que parece ser una red de desvío de recursos, malversación y encubrimiento al interior de la Fábrica de Conservas de Yara, implicando a su director y a una trama de actores externos. Los hechos, reportados por trabajadores y vecinos de confianza, giran en torno al faltante masivo de puré de tomate y su posterior venta ilegal.
González Dacal «Pepe el Burro»
📊 El Faltante y el Intento de Ajuste Contable
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- La Orden: Por indicaciones del director de la fábrica, González Dacal (conocido como «Pepe el Burro»), se ordenó vaciar el último tanque elevado de puré el martes 30 de diciembre, ya fuera del horario laboral y con «personal de confianza íntima».
- La Situación Actual: Gracias a la vigilancia de vecinos y trabajadores, se confirmó que el faltante real se ha reducido a 12 tanques. Existen fricciones entre el director y el económico Dunior Rodríguez, porque este último se ha negado a ajustar contablemente dicho faltante en el cierre de año.
- La Sospecha: La negativa del económico ha expandido el criterio entre los denunciantes de que «Pepe el Burro» está vinculado al negocio ilícito con Raciel Peláez, señalado como uno de los responsables. La sospecha también se extiende hacia Ramón Sellera Vázquez, almacenero de la fábrica y actualmente muy vinculado al «secretismo» con el director, en un aparente intento por «limpiar el fakta» (hecho).
🚚 La Ruta Ilegal del Puré Robado
La denuncia especifica la ruta y los actores del desvío:
Jorge El Narra colaborador de la Seguridad del Estado
- Salida Ilegal: El puré fue sacado por la puerta principal de la fábrica.
- Comprador: Vendido ilegalmente al dueño de una Mipyme (Micro, Pequeña y Mediana Empresa) llamado «Jorge El Narra», quien es descrito además como «colaborador de la Seguridad del Estado».
- Logística Interna: Se confirma que el montacarguero Duniesky García fue quien bajó y cargó el producto, el cual fue desmontado posteriormente en unos almacenes de Comunales arrendados por «El Narra».
- Reparto del Dinero: El monto de la venta ilegal, según fuentes cercanas al negocio, ascendió a aproximadamente 1,520,000 pesos (CUP). El dinero fue recogido por Raciel Peláez y Ramón Sellera en una moto antigua y repartido entre ellos y el director, Pepe el Burro, quien esperó en la dirección de la fábrica el regreso de sus socios.
- Destino Final: El puré desviado fue trasladado a La Habana, supuestamente para una «Mipyme Agropecuaria» en el municipio de Arroyo Naranjo.
⚠️ Denuncia Pública y Llamado a la Fiscalía
Los denunciantes hacen un llamado urgente:
- Exigen que la Fiscalía intervenga el lunes 5 de enero para ocupar los documentos y realizar las pesadas reales del puré existente.
- Advierten que esto debe hacerse antes de que muevan más puré con destino a Manzanillo, en un posible intento por justificar o ocultar definitivamente el faltante mediante traslados ficticios.
- Apostaron a la veracidad de sus declaraciones, resaltando la relación privilegiada y de larga data entre el director «Pepe el Burro» y el comprador «Jorge El Narra», quien siempre ha tenido ventajas en las ventas de la fábrica.
Resumen: Se denuncia un esquema organizado dentro de la Fábrica de Conservas de Yara para desviar, vender ilegalmente y distribuir las ganancias de un cargamento de puré de tomate valuado en más de millón y medio de pesos. La trama involucraría al director, un almacenero, socios externos y un comprador con estatus de colaborador estatal. El presunto encubrimiento incluye presión para ajustes contables y planes para mover inventario y borrar huellas. La mercancía robada habría terminado en el mercado informal de La Habana.
Nota: Esta denuncia, que incluye nombres, apodos, montos específicos y rutas logísticas, presenta un cuadro alarmantemente concreto de corrupción industrial a mediana escala. La mención de un «colaborador de la Seguridad del Estado» como receptor del producto robado añade un nivel de gravedad y complejidad adicional al caso. La exigencia de una intervención fiscal inmediata es crucial para evitar la pérdida de evidencia y determinar la veracidad de estas acusaciones, que de ser ciertas, representan un severo daño a la propiedad estatal y a la economía local.
