Un relato anónimo, cargado de desesperación y rabia, dibuja un panorama desolador de la justicia y el sistema penitenciario en el municipio del Cerro. La denuncia, dirigida a quien pueda ayudar, no es solo una queja aislada; es el retrato de un sistema fracturado que opera en perjuicio de los más humildes.
En el corazón del problema se sitúa la fiscalía municipal. Según el denunciante, este organismo ha sido dirigido por una sucesión de jefes cuyo común denominador ha sido la voracidad. «Comienzan a pedir dinero a manos llenas», afirma, estableciendo un muro infranqueable para las familias de escasos recursos. El resultado es un limbo judicial: los expedientes de sus familiares simplemente «quedan en el olvido», «engabetados», mientras personas llevan años privadas de libertad sin que se celebre un juicio que defina su situación. La justificación oficial, alega, es siempre la misma: falta de fiscales o la culpa recae sobre el abogado defensor, nunca sobre la estructura corrupta.
El segundo acto de esta tragedia se desarrolla tras los muros de las prisiones. La descripción es desgarradora y apunta a una violación sistemática de los derechos humanos:
- Condiciones infrahumanas: Hacinamiento extremo en galeras y cubículos, infestación de ratas enormes, moscas y mosquitos.
- Carestía y negligencia: Alimentación deficiente «para animales», agua potable sucia y contaminada («con guajacones»).
- Abandono sanitario: Ausencia total de medicamentos y condiciones para atender a los enfermos, lo que deriva en muertes de reclusos que nunca son explicadas a sus familias.
- Maltrato selectivo: Se menciona un trato especialmente cruel hacia los presos políticos.
El sufrimiento trasciende a los reclusos. Madres ancianas deben realizar enormes esfuerzos («cargar grandes javas») para ayudar a sus hijos presos sin tener recursos, y niños pequeños padecen las consecuencias de tener a sus madres encarceladas.
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La denuncia da un paso más allá y señala con nombre propio una presunta conexión corrupta entre el municipio y el sistema judicial. Apunta a la Directora Municipal de la Vivienda, Yenia Leblanch Savón, quien, según se alega, se mantiene en su casa sin trabajar. Un funcionario del DTI, Yadiel Leiva Rondón, habría manifestado su molestia ante tantas denuncias, revelando un dato explosivo: la jefa fiscal del Cerro habría sido sobornada por Yenia Leblanch para «enterrar en prisión a todo el que se le atraviese en el camino».
El denunciante afirma que esta amenaza se ha cumplido, ya que «muchos de mis compañeros están presos». Acusa a Yenia Leblanch de ser «una corrupta» que «se roba el presupuesto del estado libremente», con la complicidad de un gobierno municipal que «todo lo justifica». La repetición de este párrafo en el texto original subraya la urgencia y la certeza con la que se hace esta grave acusación.
La misiva concluye con un llamado de auxilio y un ruego: «Confío en que pueda redactar una buena denuncia. Por favor, Dios los bendiga». Es el grito de alguien que, desde el anonimato forzado por el miedo, busca una rendija de justicia en un sistema que percibe completamente cerrado.
