Un testimonio anónimo señala al intendente Osbel Burgo Salazar, a funcionarios de la DI y a la propia estructura de gobierno municipal de enriquecimiento ilícito, cobro de sobornos a negocios y obstrucción a la justicia.
Un extenso y anónimo testimonio de denuncia, circulado de forma extraoficial, ha puesto en el centro de una grave acusación de corrupción al municipio habanero de Boyeros. El escrito, dirigido a autoridades superiores y medios, detalla un entramado de desvío de fondos, sobornos sistemáticos y protección política que involucraría a altos funcionarios locales.
Acusaciones Centrales Contra Funcionarios:
- Intendente Osbel Burgo Salazar: Se le señala directamente como el cabecilla de un esquema de cobro ilegal. Se le acusa de:
- Recibir dinero «por cada metro que vende» en un puesto o kiosco (se menciona un «puente 100»).
- Establecer un cobro a los comerciantes por kiosco que oscilaría entre 7,000 y 10,000 pesos mensuales, dinero que es recogido por la Dirección de la Vivienda (DI).
- Ser «uno más de los corruptos de ese municipio», desmintiendo con su conducta un origen humilde («Villa Marita»).
- Estructura de la DI y Fiscalización: El denunciante afirma que los 2,000 pesos mensuales por kiosco que se cobran adicionalmente son para «supuestos inspectores». Acusa a la jefa de la DI, a quien se refiere como «Ame» o «Aranelis Rosales», de tener una relación de connivencia con el intendente («tal para cual») y de «pagar por placer» para mantener su posición, contando con la protección del presidente del gobierno municipal.
- Presidente del Gobierno Municipal y Otros: Se cuestiona el papel del presidente del gobierno local, a quien se tilda de injusto y cómplice por no actuar. Se le acusa de recibir «soborno del TCP» (Trabajador por Cuenta Propia), mencionando específicamente a un negocio conocido como «El Guajiro de Frontera» y a una MIPYME de propietario árabe frente a Tabacuba, la cual, según la denuncia, «no se inspecciona hace rato».
Obstrucción a la Justicia y Amenazas:
El texto revela un clima de impunidad y temor. Se menciona que:
- Las denuncias presentadas ante el gobierno «no se hace nada».
- Ernesto, identificado como jefe de fiscalización, habría declarado que «el puente no se toca es del intendente», admitiendo su impotencia o complicidad.
- Se han realizado amenazas contra el ciudadano Jorge Pérez Peña, incluyendo el intento de retirarle su carnet de identidad.
- Funcionarios como Abel (posiblemente de Santa María) obstaculizan a la población, teniendo los vendedores ambulantes («carretilleros») fotos y videos como prueba.
Resumen: Una denuncia anónima detalla un sistema de corrupción institucionalizada en el municipio Boyeros, implicando al intendente Osbel Burgo Salazar, a funcionarios de la DI y a la cúpula de gobierno local en el cobro de sobornos a comerciantes, desvío de fondos y obstrucción de la justicia, generando un clima de impunidad y desesperanza ciudadana.
Nota: Este testimonio refleja el malestar profundo y la percepción generalizada de corrupción a nivel local que existe en parte de la población cubana. Expone la frustración ante mecanismos de control y denuncia que son percibidos como ineficaces o cómplices.














