Trabajadores denuncian que los directores de INDER y Educación violaron procedimientos, repartiéndose miles de pesos a puertas cerradas sin informar a la base ni hacer nóminas, y ahora son amenazados por quejarse.
Yara, Granma. 7 de enero de 2026. Una nueva denuncia anónima recibida en LMS, que insiste en el patrón de irregularidades en el municipio, revela que los directores del INDER y de Educación actuaron de manera idéntica y clandestina para repartirse los fondos de la «inejecución presupuestaria», violando normas políticas, contables y de transparencia. Los denunciantes, trabajadores de base, exigen la intervención de la Fiscalía y relatan haber sido amenazados por funcionarios del PCC al elevar sus quejas.
💰 El Patrón Común: Secretismo y Autoreparto
Según la denuncia, en ambas entidades estatales se cometieron las mismas irregularidades:
Te Puede Interesar:
- Ocultamiento de Información: Nunca se les dio a conocer a los trabajadores el monto total del dinero disponible para distribuir.
- Decisiones a Puertas Cerradas: El reparto se realizó «a puertas cerradas» en el Consejo de Dirección de cada institución.
- Violación de la Política Establecida: La norma indicaba que estos fondos debían beneficiar a trabajadores de bajos ingresos y estimular a los más destacados. En cambio, se privilegió a la cúpula directiva.
- Violación Contable Grave: No se elaboraron nóminas para este pago, infringiendo gravemente los procedimientos establecidos en la Resolución Ministerial 60. Esto implica que los fondos salieron sin control formal, como dinero en efectivo.
👥 Los Responsables Directos Señalados
La denuncia nombra a los dos máximos responsables de cada entidad, ya mencionados en publicaciones anteriores:
- INDER Municipal: Tania María Torres, directora.
- Educación Municipal: Yudiel Aguilar Blanco, director.
Se acusa a ambos de haber coordinado un procedimiento similar de «secretismo mal compartido» para beneficiarse personalmente junto a sus respectivos consejos de dirección.
🚨 Amenazas a los Denunciantes y Falta de Respuesta Institucional
Los trabajadores, indignados, elevaron sus quejas a las instancias que deberían representarlos:
- PCC y CTC: Se presentaron quejas ante el Partido y la Central de Trabajadores de Cuba. La respuesta fue nula: «se fueron sin respuestas».
- Amenazas del PCC: Peor aún, funcionarios del PCC en Yara amenazaron a los quejosos. Les advirtieron que «dejaran de quejarse en espacios subversivos» y que «podían ser acusados por brindar información a páginas extranjeras».
- Evasiva de la Máxima Autoridad: Al solicitar ver a la Primera Secretaria del PCC municipal, Niurka Alarcón Gómez, se les dijo que ella estaba «inmersa en la atención a la familia del combatiente caído en Venezuela», usando el contexto nacional como excusa para no atender el problema local.
⚖️ Exigencia Final: Intervención de la Fiscalía
Ante el bloqueo y la intimidación en las instancias políticas y sindicales, los denunciantes dirigen su último recurso a la autoridad legal:
«Se exige a la Fiscalía de Yara a que revise esta denuncia de los trabajadores del sector de Educación y el INDER.»
Resumen: Trabajadores de Educación y Deporte en Yara denuncian un esquema idéntico de corrupción: los directores de ambas entidades se repartieron a puertas cerradas miles de pesos de fondos públicos, sin transparentar los montos, violando la política de estímulos y los procedimientos contables al no emitir nóminas. Al quejarse ante el PCC y la CTC, fueron ignorados y luego amenazados con acusaciones de «subversión». Ahora exigen que la Fiscalía municipal investigue a los responsables directos: Tania María Torres (INDER) y Yudiel Aguilar Blanco (Educación).
Nota: Esta denuncia muestra la institucionalización de la corrupción a nivel municipal y la completa inoperancia y complicidad de los mecanismos de control interno (PCC, CTC). Cuando estos canales no solo no resuelven, sino que amenazan a los denunciantes, el mensaje es claro: la impunidad está garantizada para la cúpula. El recurso a la Fiscalía es un acto de desesperación, pero también pone a prueba si el sistema judicial está dispuesto a actuar contra sus propias estructuras de poder local. El uso de la tragedia nacional (los caídos en Venezuela) para eludir responsabilidades locales es un cinismo que refleja la profundidad del problema.
