Ciudadano denuncia que para viajar en Cuba hay que pagar hasta 20,000 pesos a comisiones corruptas: “Las personas normales no tenemos derecho a nada”

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Un ciudadano anónimo denuncia que la Dirección General de Transporte ha creado un sistema de comisiones que controla la venta de pasajes interprovinciales. Señala que para obtener un pasaje se debe tener un problema de salud o ser caso social, y que los inspectores “azules” cobran entre 10,000 y 20,000 pesos por el autorizo. Reportes de prensa de julio de 2026 indican que el régimen ha intensificado la vigilancia y represión, al tiempo que la crisis eléctrica alcanza el 72% del territorio nacional con apagones de más de 30 horas en algunas zonas .

Un ciudadano anónimo de La Habana ha contactado a nuestra redacción para denunciar la situación que, según su testimonio, se vive con la obtención de pasajes para viajar dentro del país.

El denunciante, que prefiere mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias, describe un sistema controlado por comisiones que, según su testimonio, excluye a los ciudadanos comunes y favorece la corrupción.

“Ahora en Cuba para poder obtener un pasaje interprovincial hay que tener un problema de salud, fallecido o ser caso social. Las personas normales que queremos viajar no tenemos derecho a nada, ya que todo lo valora una supuesta comisión que hace todo a su favor.”

“La comisión principal radica en 26 y zoológico”

El ciudadano identifica el lugar donde opera la comisión.

“En La Habana, la comisión principal radica en 26 y zoológico, donde la cola es un relajo y todo mal hecho. Hay broncas, las personas ahí enfermas e insatisfechas. Horrible aquello.”

“Te cobran por el autorizo de pasajes 10,000, 15,000 y hasta 20,000 pesos”

El denunciante describe el costo de la corrupción.

“Si cuadras con cualquier descarado de esos, sin tener ningún problema de los que ellos valoran, te cobran por el autorizo de pasajes 10,000, 15,000 y hasta 20,000 pesos. Precios excesivos que un cubano de a pie que vive de un salario no puede pagar.”*

“Los inspectores descarados y corruptos llamados azules”

El ciudadano señala a los inspectores como los responsables de este sistema.

“La comisión es de la Dirección General de Transporte. Los mismos inspectores descarados y corruptos llamados ‘azules’ que se pasaban la vida en la calle acabando y buscando dinero, esto mismo están haciendo con los pasajes nacionales ahora.”

En medio de esta crisis de corrupción, el régimen ha intensificado la represión. Un reportaje del 5 de julio de 2026 describe que el Partido Comunista se mantiene a flote mediante un “aparato de vigilancia” que llega a los hogares, lugares de trabajo y centros deportivos de los cubanos . La policía y agentes de Seguridad del Estado rodean las zonas donde se producen protestas, y los informantes civiles filman a los manifestantes para que la policía los identifique y arreste al día siguiente . La crisis es severa: 11 de las 20 unidades termoeléctricas del país están fuera de servicio, y los apagones en algunas zonas de La Habana superan las 30 horas consecutivas .

“A que inepto se le ocurrió ponerle a esta mafia en las manos dirigir esta actividad”

El denunciante concluye su testimonio con una crítica a las autoridades.

“¿A qué inepto se le ocurrió ponerle a esta mafia en las manos dirigir esta actividad sin tener conocimiento y sabiendo su historial?”*


Resumen:

Un ciudadano anónimo denuncia que para viajar en Cuba hay que pagar entre 10,000 y 20,000 pesos a comisiones corruptas de la Dirección General de Transporte. La comisión principal opera en 26 y zoológico. Los inspectores “azules” controlan la venta de pasajes. La crisis eléctrica alcanza el 72% del país y la represión se intensifica .


Nota final:

El ciudadano que ha escrito esta denuncia describe un sistema donde los inspectores “azules” han dejado las calles para dedicarse a la venta de pasajes por miles de pesos. El Partido se mantiene a flote mediante un aparato de vigilancia , mientras la crisis eléctrica alcanza el 72% del territorio nacional . Las autoridades del Ministerio del Transporte y la Fiscalía tienen la palabra.

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