Denunciante alega que Juan Alberto Nachi lleva más de 60 días sin emitir fallo sobre casa hereditaria, mientras una ocupante ilegal se beneficia. Heredera legítima está hospitalizada por esquizofrenia.
Una denuncia pública recurrente ha sido actualizada y elevada a esta redacción, poniendo nuevamente en el centro de la controversia al abogado Juan Alberto Nachi, vinculado a la Dirección Municipal de Vivienda del Cerro, en La Habana. El denunciante, que anteriormente no logró resolver su problema a través de los canales oficiales, busca ahora el apoyo de la comunidad para presionar por una solución a un caso que califica de injusticia flagrante y posible complicidad.
El conflicto gira en torno a una vivienda ubicada en Santa Teresa #27, entre Carmen y Santa Ana, en el municipio Cerro. Según la denuncia, la propiedad es objeto de una herencia con título de propiedad debidamente registrado, y sus dueñas legítimas son las herederas. Sin embargo, una mujer identificada como Masiel Lara Despaine estaría ocupando el inmueble de manera ilegal, sin ser heredera ni poseer derecho legal alguno sobre él.
La acusación principal recae sobre el abogado Juan Alberto Nachi, a quien se le reclama una demora injustificada de más de 60 días en la emisión de una resolución administrativa que debería ordenar la extracción de la ocupante ilegal. A pesar de haberse presentado toda la documentación requerida que acredita la propiedad de las herederas, el trámite permanece estancado. El denunciante alega que esta inacción no es casual, sino que obedece a que el propio abogado estaría «ayudando a la usurpadora» al intentar construir un expediente que la presente como «madre demográfica», una figura legal irrelevante en un caso de herencia con título de propiedad definido.
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La situación se agrava por la condición de una de las herederas legítimas, quien es descrita como vulnerable y actualmente hospitalizada recibiendo tratamiento por esquizofrenia. El hecho de que no pueda habitar su propia casa mientras una persona ajena a la familia la ocupa, añade un matiz de especial crudeza al caso.
Ante la falta de avances, el denunciante hace un llamado expreso a la comunidad y a la opinión pública para que ejerza presión y visibilice el caso, exigiendo al abogado Nachi y a la Dirección de Vivienda del Cerro:
- La emisión inmediata de la resolución pendiente.
- Una explicación clara y formal de las causas de la demora.
- El respeto absoluto a los derechos de las herederas legítimas, especialmente de aquella en situación de vulnerabilidad.
Resumen: Un denunciante acusa al abogado Juan Alberto Nachi, de Vivienda en el Cerro, de retrasar intencionalmente por más de 60 días una resolución que permitiría desalojar a una ocupante ilegal de una casa hereditaria. Alega que el abogado favorece a la usurpadora, mientras una de las herederas legítimas, enferma de esquizofrenia, no puede acceder a su propiedad.
Nota: Este caso ejemplifica cómo la lentitud y opacidad de los trámites administrativos pueden convertirse en un instrumento de injusticia, permitiendo que situaciones de hecho ilegales se perpetúen en perjuicio de ciudadanos, especialmente de aquellos en condición de vulnerabilidad. La denuncia pública se convierte en el último recurso cuando las instituciones no responden.
